Pese a la emergencia epidemiológica por obesidad y diabetes, y un impuesto especial eficaz, no existe una política presupuestaria integral de prevención

8 noviembre, 2017 | : Salud, En portada, Prensa, Salud nutricional

  • La prevención es la estrategia más eficaz para revertir el problema de la obesidad, pese a ello, se carece de una política preventiva y se invierte muy poco.
  • La recaudación por el impuesto a alimentos y bebidas debe transformarse en bienes y servicios para la población, bajo un esquema de “segunda generación”, permitiendo ahorros en gastos médicos, mejoras en salud y, por ende, en calidad de vida.
  • En lo inmediato se debe establecer un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas que permita a la ciudadanía conocer y vigilar el destino de los recursos, incluyendo los asignados al Programa Nacional de Bebederos.

8 noviembre 2017. Por cuarto año consecutivo, la Ley de Ingresos prevé la asignación de un monto equivalente a la recaudación estimada a partir del impuesto a las bebidas azucaradas para destinarse a programas de promoción, prevención, detección, tratamiento, control y combate (…) al sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico degenerativas relativas, así como para apoyar acciones de acceso al agua potable para beber en las escuelas. Sin embargo, esto no se ha visto reflejado en el presupuesto de acuerdo con el análisis elaborado por la consultora Probatio para la Alianza por la Salud Alimentaria —de la que somos parte.

En noviembre 2016, la propia Secretaría de Salud declaró emergencias epidemiológicas por obesidad y por diabetes, resaltando que es la primera ocasión en que un país declara una emergencia de este tipo por enfermedades no transmisibles, debido a la magnitud del problema. Tras la declaración se esperaba el anuncio de una serie de medidas para enfrentar estas declaratorias, sin embargo nunca fueron presentadas.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la prevención es la estrategia de largo plazo más eficaz para revertir el grave problema de sobrepeso y obesidad en el mundo, lo que en México debería traducirse no en acciones aisladas, sino en una verdadera política de Estado. Esta política de prevención debe contar con una visión estratégica y de largo plazo que utilice instrumentos legales, institucionales y presupuestarios para hacer frente de forma efectiva y transparente a la epidemia, más allá de una estrategia con caducidad sexenal e intervenida por intereses privados.

De acuerdo con Atzimba Baltazar, consultora de Probatio: “El gravamen a las bebidas azucaradas y los alimentos con alta densidad calórica constituye una ventana de oportunidad, la cual ha sido desaprovechada por el actual gobierno”.

El análisis muestra que existe un importante desbalance entre los recursos recaudados por el IEPS a alimentos con alta densidad calórica y bebidas azucaradas, y el presupuesto que se destina a programas con componentes de prevención del sobrepeso y la obesidad, o para garantizar el acceso al agua potable.

Para el 2018 la diferencia entre estos 2 montos es de $29,710 millones de pesos, resultado de la diferencia de la recaudación estimada en $46,726 millones y el presupuesto asignado a estos programas de $17,016 millones. De este último monto hay que recordar que tan solo $1,189 millones está destinado a los bebederos y el suministro continuo de agua potable en las escuelas.

El IEPS es un impuesto denominado “extrafiscal”, que debe funcionar como instrumento de política pública, diseñado para corregir externalidades que el consumo de ciertos productos provoca en la población, a diferencia de un impuesto “fiscal”, cuyo objetivo es recaudar contribuciones para sufragar el gasto público gubernamental en general.

El estudio presentado narra algunas experiencias internacionales, que ejemplifican la forma en que un impuesto “extrafiscal” se devuelve a la sociedad en forma de bienes y servicios que buscan transformar un ambiente obesogénico en uno saludable.

Federico Cortés, consultor de Probatio, declaró: “Como ejemplos de programas operados con recursos derivados de la recaudación están: el de acceso a agua potable, a alimentos saludables, educación nutricional y alimentaria, activación física, entre otros programas de salud, con énfasis en grupos vulnerables, así como inversiones no sólo en escuelas, parques y espacios recreativos sino también en bibliotecas, como ocurrirá en Filadelfia, Estados Unidos. A lo anterior se le ha denominado una normativa de segunda generación, que busca otorgar bienestar a la población permitiendo ahorros en gastos médicos, mejoras en su salud y, por ende, en su calidad de vida”.

Por su parte, Fiorella Espinosa, investigadora en Salud Alimentaria de El Poder del Consumidor, dijo: “En México el único avance al respecto que surgió a raíz del impuesto es la implementación del Programa Nacional de Bebederos, sin embargo tiene como limitante la ausencia de un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas en tiempo real”.

Una de las fortalezas de las experiencias compartidas es precisamente la existencia de mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y participación en el ciclo de la política del impuesto, lo que permite monitorear y evaluar el uso de los recursos.

Destaca además la creación de cuerpos colegiados, multidisciplinarios y libres de conflicto de interés que definen el uso de los recursos con base en las necesidades, además de dar seguimiento cercano a la política.

Finalmente, el estudio incluye 3 recomendaciones puntuales que se pueden realizar de manera inmediata y que pueden ser un punto de partida para transitar hacia esquemas de “segunda generación”:

  1. Aumentar a 20% el IEPS a bebidas azucaradas y equiparar el “piso mínimo” de gasto público para programas de prevención con el monto recaudado;
  2. Hacer transparentes y monitorear los recursos destinados a la prevención del sobrepeso, la obesidad y asegurar el acceso al agua potable, para diseñar acciones que realmente provean bienes y servicios efectivos, y
  3. Hacer transparente el avance de los recursos destinados a la instalación y mantenimiento de bebederos en centros escolares.

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