Se exhorta al Ejecutivo a responder demandas de investigación del caso de espionaje e intimidación a defensores de la salud pública

18 mayo, 2017 | : Nuevas tecnologías, Prensa, Salud, Salud nutricional

• A 3 meses de que se hiciera público el espionaje a defensores y promotores de la salud no hay respuesta por parte de las autoridades.

18 mayo 2017. Ante la falta de respuesta por parte del gobierno mexicano acerca del espionaje del que fueron objeto los activistas Alejandro Calvillo, de la organización El Poder del Consumidor, y Luis Manuel Encarnación, de ContraPESO, así como el académico Simón Barquera, del Instituto Nacional de Salud Púbica (INSP), el diputado Rafael Hernández Soriano, el día de ayer suscribió un punto de acuerdo en el Congreso de la Unión en el que se exhorta al presidente Enrique Peña Nieto, a través del mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a reconocer, defender y garantizar los derechos a la libertad de expresión, privacidad y seguridad de investigadores, activistas y funcionarios públicos defensores del derecho a la salud en México.

Este punto de acuerdo se suma al presentado el 14 de febrero por la senadora Martha Tagle Martínez en el que condenó los actos de espionaje y demandó una investigación exhaustiva por parte de la Procuraduría General de la República y una respuesta por parte de la Secretaría de Gobernación sobre la utilización de malware gubernamental contra activistas de la salud pública.

De igual modo, el 28 de febrero la diputada Araceli Damián presentó otro punto de acuerdo en el que reprobó los actos de espionaje y exhortó al titular de la Procuraduría a que se investigue y procese judicialmente a los responsables.

En su exposición, el diputado Rafael Hernández Soriano hizo un llamado a que las fuerzas de seguridad del Estado se conduzcan con ética, transparencia y sobre todo que logren un equilibrio entre coerción y el respeto de los valores éticos tutelados por el Derecho.

Además, pidió que se investigue y sancione uno de los ejemplos más evidentes de intimidación y vulneración de derechos en los que el Estado mexicano ha tenido parte.

Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, declaró: “Es inadmisible que a tres meses de que se hiciera pública la información acerca del espionaje a defensores y promotores de la salud pública no se tenga ninguna respuesta por parte del gobierno a las solicitudes de investigación. Existe un silencio absoluto por parte de las instituciones encargadas de investigar el tema”.

Agregó que “el trabajo realizado por investigadores y activistas para la protección de la salud pública debe ser reconocido y apoyado por las autoridades y no espiado al servicio de las grandes empresas. Las consecuencias del contubernio de ciertas autoridades con las grandes corporaciones de bebidas no sólo han causado el secuestro de la política contra la obesidad y la diabetes volviéndola totalmente inocua, ha significado que lleguemos al caso extremo de que las instituciones de seguridad del Estado realicen servicios de espionaje para estas empresas, como todo indica que ha ocurrido en este caso”.

La comunidad internacional de salud pública también se ha sumado a la demanda del cese de la intimidación y el espionaje a través de una carta publicada en medios de comunicación en donde exhortaron al presidente Peña Nieto a defender los valores de la libertad de expresión, los derechos humanos y la salud pública, a investigar de fondo esta situación y llevar a los actores responsables ante la justicia.

El peritaje elaborado por The Citizen Lab de la Universidad de Toronto y difundido en febrero de 2011 por el New York Times, demostró que el doctor Simón Barquera, Alejandro Calvillo y Luis Manuel Encarnación fueron objetos de la introducción de un programa altamente sofisticado de espionaje en sus teléfonos celulares.

El programa espía, llamado “Pegasus”, es generado por el NSO Group, una compañía israelí que afirma vender sus productos exclusivamente a gobiernos con el objetivo único de combatir el crimen organizado y el terrorismo.

El gobierno mexicano ha sido uno de los principales clientes de esta empresa.

Los hechos ocurrieron entre julio y agosto de 2016, cuando el investigador del INSP opinaba a favor de aumentar el impuesto a las bebidas azucaradas y los activistas promovían esta política públicamente y ante legisladores.

El Poder del Consumidor reitera el llamado al gobierno mexicano para que cese la vigilancia ilegal en México, que se realice de manera urgente la investigación correspondiente y se sancionen a los responsables de este espionaje contra investigadores y activistas de la salud pública.