En el Día Mundial contra la Obesidad, FAO señala que la obesidad y sobrepeso causan más muertes que el crimen organizado

11 octubre, 2017 | : Prensa, Salud, Salud nutricional

• La comunidad científica y organizaciones de la sociedad civil piden a los gobiernos atención urgente a esta pandemia.
• El consumo de bebidas azucaradas genera externalidades como altos costos al Estado y a las familias, un impuesto de 20% puede corregirlas.
• Además, el impuesto a las bebidas azucaradas podría apoyar a las poblaciones más vulnerables, si se destinan los recursos al bienestar social.

11 octubre 2017. En el marco del Día Mundial contra la Obesidad, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) declaró que en América Latina y el Caribe la obesidad y el sobrepeso siguen en aumento, lo que ha provocado más muertes que el narcotráfico y el crimen organizado. Esta situación reafirma, una vez más, la necesidad de tomar decisiones contundentes para abatir la magnitud del problema.

La celebración de este día ha sido impulsada por la Federación Internacional de Obesidad (World Obesity Federation), representada por la comunidad científica global y conocida por encaminar esfuerzos para reducir, prevenir y tratar la obesidad en el mundo.

Aunque no siempre es reconocida como tal, la obesidad es una enfermedad, que cuando no es tratada es la responsable de una gran proporción de enfermedades crónicas no transmisibles, incluyendo las cardiovasculares, la diabetes, enfermedades del hígado y diversos tipos de cáncer.

Aunque es cada vez más visible, la obesidad no ha logrado ser contenida en la mayoría de los países que la sufren. En el mundo se estima que para el año 2025 existirán 2.7 mil millones de personas en el mundo con sobrepeso u obesidad si la tendencia se mantiene.

Los costos de esta epidemia ya son altos y pueden llegar a cifras muy altas. De acuerdo con el mismo cálculo antes mencionado, los altos costos del tratamiento de la obesidad en el mundo son: 470 mil millones de dólares para atender enfermedades cardiovasculares, 398 mil millones para diabetes, 350 mil millones para depresión, 300 mil millones para hígado graso no alcohólico y 166 mil millones para los casos nuevos de cáncer.

En el caso de México, el país ocupa el segundo lugar entre los miembros de la OCDE con una de las mayores cifras de obesidad en adultos, mientras que los niños menores de 5 años mexicanos son los más afectados por esta condición en el mundo de acuerdo con la Unicef.

El propio gobierno mexicano ha declarado esta situación como una emergencia epidemiológica que requiere redoblar esfuerzos, sin embargo este discurso no se ve proyectado en acciones concretas, particularmente en aquellas que han demostrado ser efectivas para contener la epidemia.

Uno de los llamados que hace esta federación internacional en este día es a que todos los involucrados, principalmente gobiernos, destinen los recursos suficientes para atender el problema, no sólo a nivel del tratamiento de la enfermedad sino de la prevención.

Una de las medidas que ha demostrado ser efectiva en la contribuir a prevenir la obesidad, es el impuesto a las bebidas azucaradas, especialmente en nuestro país, el cual es gran consumidor de estos productos, al grado que proveen el 70% de todo el azúcar añadido que consume la población, que ya se consume en exceso.

De acuerdo con estimaciones previas de expertos en el área de la economía de la salud, el impuesto inicial a las bebidas azucaradas debía de ser de al menos 20% para lograr eficientemente el propósito para el cual está diseñado, que es desincentivar el consumo de estas bebidas altas en azúcares. Sin embargo, en enero 2014 se implementó un impuesto de $1 peso por litro, equivalente al 10%.

La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó en 2016 que este tipo de impuestos tuviera un monto mínimo de 20% para lograr cambios significativos en el consumo y por ende en la salud y nutrición a mayor plazo.

Además, el efecto del impuesto es mayor cuando los recursos obtenidos se orientan a programas, acciones o servicios que brindan bienestar a la población, como la instalación de bebederos en las escuelas, que es la única acción que se ha realizado en nuestro país.

El consumo de bebidas azucaradas genera costos directos a las familias al ser el responsable de una parte de los casos de diabetes, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer entre la población.

Estos costos se consideran externalidades negativas y una de las herramientas que ha demostrado ser eficiente para corregir dichas externalidades son los impuestos, como ha ocurrido con el tabaco.

De acuerdo con la Unidad de Análisis Económico de la Secretaría de Salud, los costos totales de la obesidad al final de 2017 ascenderán a más de $150 mil millones de pesos, una proporción considerable del presupuesto en salud.

Por su magnitud y costos, no sólo monetarios sino también sociales, la obesidad ha sido declarada emergencia epidemiológica, que se suma a la emergencia provocada por los sismos del 7 y 9 de septiembre afectando a miles de personas, pero particularmente a los más vulnerables.

Si se ponen en perspectiva los costos para atender dichas situaciones, la obesidad cuesta al Estado mexicano 3 veces el monto estimado de la reconstrucción tras los sismos.

En este contexto, Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor, menciona que: “Lejos de aumentar la deuda externa y comprometer más las pocas acciones de programas de salud, el gobierno debe buscar alternativas viables. No sería la primera vez que se usa una medida fiscal en relacionada con salud en el país y en el mundo para atender una emergencia como la que vivimos actualmente en México. Tras el temblor de 1985 en México se aumentaron los gravámenes al alcohol y al tabaco, mientras que en 2010 en Chile se aumentó el del tabaco para destinar a la atención del terremoto.”

Ajustar el impuesto a las bebidas azucaradas a 20%, tal y como lo recomienda la OMS y lo indicaba la evidencia científica previa, es una acción inmediata, factible y legítima que el gobierno mexicano podría implementar, junto con un plan de comunicación que informara a la población sobre el papel y los beneficios del impuesto adecuadamente implementado.