Por una política de Estado para combatir obesidad
26 febrero 2013. Académicos, investigadores, especialistas en salud pública y nutrición e integrantes de las organizaciones de la ALIANZA POR LA SALUD ALIMENTARIA demandamos al gobierno federal tomar acciones urgentes en contra del grave problema de la obesidad, que ya afecta a siete de cada 10 adultos y a uno de cada tres niños.
El costo de la obesidad ha sido estimado en $67,000 millones de pesos del 2008 y se estima que para el 2017 fluctúe entre $78,000 millones y $101,000 millones en pesos del 2008. De no actuar de inmediato, el costo que pagará la sociedad en las siguientes tres décadas será mucho mayor a la inversión requerida para implementar estas acciones.
Al participar en el foro “Por una política integral para el combate a la obesidad”, el doctor Juan Rivera Dommarco, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública y coordinador del estudio «Obesidad en México: recomendaciones para una política de Estado», donde participaron la Universidad Nacional Autónoma de México, la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Cirugía, el Instituto Nacional de Salud Pública, y el Instituto Nacional de la Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Zubirán, señaló que “la obesidad genera un impacto social, económico y múltiples efectos adversos en la salud del individuo, la cadena causal que la origina está fuera del control de las personas, por lo cual el Estado debe intervenir para proteger la salud de la población mediante la implementación de políticas, regulación y programas”.
Las prevalencias de sobrepeso y obesidad de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2012) se encuentran actualmente en 73% para mujeres y 69.4% para hombres, 35.8% para adolescentes mujeres y 34.1% para adolescentes varones, y 32% en las niñas y 36.9% en niños en edad escolar.
En el documento se establece que de acuerdo con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y desde una perspectiva económica existe la necesidad de implementar una estrategia nacional, multisectorial, que involucre a los distintos niveles de gobierno, tanto el poder ejecutivo como al legislativo, que incidan en las fallas de mercado para reducir el impacto de la obesidad en la salud de la población mexicana y aborde los determinantes de la obesidad en los diferentes contextos en los que interactúan y afectan a la población: el hogar, la escuela, la comunidad, los centros de trabajo, y los espacios públicos y de esparcimiento; que involucre actores clave, incluyendo el gobierno en todos sus sectores relevantes, los sistemas de salud, el sector privado, especialmente la industria de alimentos, los medios de comunicación masiva, las agrupaciones de consumidores y la academia.
Dentro de las recomendaciones que se formulan en el documento están:
•• Incluir a la política nacional de prevención de obesidad (Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria, ANSA) como parte del Programa Nacional de Desarrollo y otorgarle suficiente presupuesto para la implementación de las acciones y evaluación de las mismas.
•• Lograr el establecimiento de metas, plazos y acciones para el cumplimiento de los objetivos del ANSA por parte del sector privado, los gobiernos estatales y municipales, así como identificar mecanismos y procesos para su seguimiento y para la rendición de cuentas.
•• Reformar la Ley General de Salud, la Ley General del Trabajo, y otras leyes y reglamentos, para dotar al Estado de los instrumentos legales para la aplicación de regulaciones y disposiciones para la prevención de obesidad y sus comorbilidades.
•• Evaluar el diseño e implementación del Código de Autorregulación de Publicidad de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas dirigida al Público Infantil (PABI), en comparación con recomendaciones internacionales, particularmente las de la Organización Panamericana de la Salud. En base en dicha evaluación desarrollar una norma para la regulación adecuada de la publicidad de alimentos y bebidas a niños y adolescentes acorde con las recomendaciones internacionales, cumpliendo así con el deber del Estado proteger la salud de su población, especialmente de los niños.
•• Promover la implementación de un sistema de etiquetado frontal de alimentos que sea único, simple, con un solo sello, fácil de entender y establecido de manera independiente
de la industria de alimentos por un comité independiente de expertos que revise la experiencia internacional al respecto.
•• Generar acuerdos entre la Secretaría de Educación Pública y las autoridades municipales o delegacionales, para que en un amplio perímetro del entorno escolar se limiten los alimentos que se restringen actualmente al interior de las escuelas.
•• Reorganizar los servicios que presta el Sistema Nacional de Salud para aumentar el acceso de la población a los equipos multidisciplinarios especializados, asegurar la
existencia de materiales y medicamentos para la detección de obesidad y sus comorbilidades, fortalecer el programa de Unidades de Especialidades Médicas (Unemes crónicas) para lograr un mayor impacto, y establecer programas de certificación de unidades médicas y de especialistas para brindar atención de calidad.
•• Promover la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, y la lactancia prolongada y promover una alimentación complementaria a partir de los seis meses, manteniendo la lactancia y evitando el consumo de bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido de azúcar y sodio. Se propone además la actualización de la Ley General del Trabajo para aumentar los periodos de lactancia materna y los descansos en las jornadas laborales y la promoción de lactarios en los sitios de trabajo.
Todas estas recomendaciones son parte fundamental de una estrategia integral para la cual se plantea la creación de una estrategia nacional de comunicación educativa y orientación alimentaria, que incluya guías alimentarias que promuevan la salud, que sea desarrollada por un grupo de expertos en nutrición, comunicación, promoción de la salud y educación.
Al respecto, Alejandro Calvillo, nuestro director de El Poder del Consumidor, dijo que «el documento presentado por la academia debe considerarse el Libro Blanco de la Obesidad, ya que cuenta con el aval de las máximas instituciones académicas del país. Es importante destacar que las organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la ALIANZA POR LA SALUD ALIMENTARIA coincidimos plenamente con las recomendaciones de política pública contra la obesidad presentadas por la Academia Nacional de Medicina. Las recomendaciones presentadas son también similares a las que ha presentó recientemente la Academia de Colegios Médicos del Reino Unido y atienden las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Esto habla de la universalidad de lo recomendado. Existe consenso en lo que se debe hacer, falta la voluntad del gobierno de hacerlo. Nos preocupa profundamente que el mayor problema de salud pública que vive el país no esté en la agenda del actual gobierno, lo que se traducirá en su agudización, sacrificando la salud de la población y las finanzas públicas”. Añadió que “aquí están las recomendaciones de la Academia y de la sociedad civil”, y ahora “esperamos una respuesta urgente del gobierno federal».
Una síntesis ejecutiva del libro “Obesidad en México: recomendaciones para una política de Estado”, que fue presentado este 30 de enero de 2013, puede descargarse a continuación:
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Síntesis ejecutiva «Obesidad en México: recomendaciones para una política de Estado» > descargar (PDF, 403 kb)
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