Suprema Corte busca favorecer a la industria de bebidas azucaradas en medio de la declaración de emergencia epidemiológica por obesidad y diabetes

17 Enero, 2017 | : Salud, Prensa, Salud nutricional

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  • El nuevo proyecto reemplaza la sentencia del ministro Franco González Salas que sí protegía la salud.
  • La ministra Luna Ramos utiliza argumentos difundidos internacionalmente por la industria de bebidas y alimentos para eximir su responsabilidad.
  • 36.9% de los adolescentes en México viven con sobrepeso u obesidad y esta cifra prácticamente se duplica a 72.5% en la edad adulta, lo que indica que se deben fortalecer las medidas en materia preventiva también en la edad universitaria.

17 enero 2017. En medio de la declaración de emergencia epidemiológica por obesidad y diabetes en México, del incremento de la muerte por diabetes que el año pasado superó los 96,000 decesos poniendo al país con la mayor incidencia de muertes por diabetes entre los megapaíses del mundo y de la evidencia de que el 70% del consumo de azúcar en la dieta de los mexicanos proviene de las bebidas azucaradas, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Beatriz Luna Ramos, propone conceder el amparo a la Compañía Embotelladora Del Fuerte, quien trabaja para Coca-Cola, que aboliría los lineamientos para alimentos y bebidas en las instituciones de educación superior.

170117-SCJN-favorece-industria“El proyecto de la ministra Luna está plagado de afirmaciones insostenibles. Señala que los alimentos y bebidas altamente procesados no afectan la salud de las personas, desconociendo el extenso y robusto sustento científico que prueba la asociación entre el consumo de productos ultraprocesados —en particular de bebidas azucaradas— con daños a la salud. El proyecto establece que la obesidad debe combatirse por medio de la educación desconociendo también la evidencia existente que demuestra que por encima de la educación son los entornos los que determinan los hábitos, desconociendo que los ambientes obesogénicos son la principal causa de estas epidemias de sobrepeso, obesidad y diabetes”, señaló Fiorella Espinosa, nuestra coordinadora de investigación de El Poder del Consumidor.

México fue declarado como un país cocacolinizado por el ex relator de la Organización de Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter. El relator confirmó la omnipresencia de esta bebida, junto con otras y comida chatarra, que se da a través de más de 1.5 puntos de venta en el país, respaldada por una publicidad multimillonaria que conforma un ambiente obesogénico. Los lineamientos pretenden establecer que, al menos, los centros educativos, incluyendo los de educación superior sean espacios saludables, considerando que es un deber del Estado garantizar que los planteles educativos sean espacios saludables.

La ministra argumenta que los estudiantes en estas instituciones ya son adultos que pueden realizar elecciones informadas, sin embargo esa no es la realidad. Estos jóvenes tienen ya hábitos deformados desde muy temprana edad y son justamente los ambientes saludables los que pueden contribuir, junto con otras medidas, a que se reduzcan estos consumos y no los transmitan a sus hijos de llegar a ser padres. El 36.9% de los adolescentes en México viven con sobrepeso u obesidad y esta cifra prácticamente se duplica a 72.5% en la edad adulta, lo que indica que se deben fortalecer las medidas en materia preventiva justamente en la edad universitaria.

La reducción en el consumo promedio de bebidas azucaradas en México es urgente, ya que ha sido uno de los más altos del mundo y ese consumo promedio es suficiente para aumentar el riesgo de obesidad en un 60% y la diabetes en más de 20%. La ministra considera erróneamente que no hay relación entre el consumo de estas bebidas y daños a la salud.

Si la decisión de la SCJN es positiva al proyecto de sentencia de Luna Ramos contribuirá al mantenimiento del ambiente obesogénico en el país y a la epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes que ha sido decretada como emergencia epidemiológica, colapsando totalmente el sistema de salud del país.

Preocupa profundamente que una persona responsable de velar por el cumplimiento de lo marcado en la Constitución mexicana utilice los argumentos de una industria que vela por sus intereses antes que los de la ciudadanía. El discurso de la ministra ignora los costos sociales y económicos que tiene el ambiente obesogénico resultante en un alto consumo de comida chatarra y de bebidas azucaradas en una población próxima a ser productiva y de gran influencia para las futuras generaciones. La regulación tiene la intención de modificar la oferta alimentaria en un espacio que puede y debe ser regulado por el Estado y que incluye tanto restringir alimentos y bebidas de bajo valor nutricional como aumentar la disponibilidad de alimentos saludables, que resulte en beneficios para los estudiantes y el país entero.

Por tanto, los esfuerzos por parte de las autoridades involucradas deberían encaminarse a retomar temas pendientes y garantizar el cumplimiento de lo establecido en las leyes, por ejemplo, la instalación de bebederos en todas las escuelas, públicas y privadas, así como la prohibición de publicidad de bebidas y alimentos de bajo valor nutricional en las escuelas como desde 2015 lo indica la Ley General de Salud.

En el siguiente enlace se pueden consultar los principales estudios que evidencian la relación del consumo de bebidas azucaradas con daños a la salud: http://bit.ly/2j22WL1.

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