Organizaciones de la sociedad civil conformamos la Alianza Nacional por la Seguridad Vial y exigimos acción inmediata a las autoridades

  • Cada año mueren más de 21,500 mexicanos por accidentes viales.
  • En 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011 – 2020 y nunca se puso en marcha.
  • Exigimos publicar una Ley Nacional de Seguridad Vial y dotarla de presupuesto, así como la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Vial, que sea líder en la materia.
  • La Alianza reúne a más de 72 asociaciones, colectivos y empresas, y a decenas de especialistas y académicos del país.

9 agosto 2017. Del año 2000 al 2014, poco más de 237,550 personas murieron a causa de la violencia vial que se experimenta en las calles y carreteras nacionales.1

Desde hace más de una década, las cifras mortales derivadas de ese fenómeno no han hecho más que aumentar, siendo las principales víctimas los usuarios vulnerables, los jóvenes y los niños.

Por esto, los siniestros viales ya representan la primera causa de muerte en niños y niñas de 5 a 14 años de edad, y la segunda causa de muerte en mujeres y hombres de los 15 a los 34 años de edad en México.2

Ante esta situación, la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), la Red Nacional de Ciclismo Urbano (BICIRED), BiciVerde, Bicitekas, Centro para el Fomento de la Educación y Salud de los Operarios del Transporte Público de la Ciudad de México (CENFES), Céntrico, Chema Link, El Poder del Consumidor, Fundación Tláloc, ITDP México, México Previene, Movilidad y Desarrollo México (MDM), MX Infrastructure, Reacciona por la Vida, Red Urbana, Transita Seguro México, la Universidad Anáhuac, Víctimas de la Violencia Vial y WRI México, anunciamos este 9 de agosto de 2017 la conformación de una Alianza Nacional por la Seguridad Vial (ANSV) que acelere los esfuerzos nacionales para la promoción y el desarrollo de una agenda amplia e incluyente en materia de seguridad vial.

La sociedad civil organizada, la academia y la iniciativa privada, ven con preocupación que México es uno de los países con mayor rezago en cuanto al cumplimiento de los compromisos del Decenio de Acción por la Seguridad Vial, así como del Plan Global para la Seguridad Vial, ambos de las Naciones Unidas y firmados por México.

Por ello, este nuevo grupo anuncia una exigencia puntual a los 3 niveles de gobierno de nuestro país con la intención de que refrenden los compromisos internacionales y se implementen de manera prioritaria las acciones contenidas en la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de julio de 2011.

Más allá de que todas las personas estén expuestas a ser víctimas de la inseguridad vial, no menos cierto es que el 90% de los casos son prevenibles y, por lo tanto, evitables.

De acuerdo con la Alianza, quien es el gestor del sistema –las autoridades– es el principal responsable de establecer políticas públicas que garanticen que la movilidad de las personas sea segura en el país y que, de suceder los accidentes, no haya muertos o heridos graves.

La Alianza exige la publicación de una Ley Nacional de Seguridad Vial que contenga lo siguiente:

Gestión

    I. Máxima prioridad nacional. Corresponderá a la Secretaría de Gobernación dar cabal apoyo y seguimiento a la política de seguridad vial nacional, así como a los avances que en esta materia
    resulten.

    II. La creación de una Agencia Nacional de Seguridad Vial, con un marco legal y un presupuesto suficiente para su adecuado funcionamiento, así como la creación de Agencias Estatales de
    Seguridad Vial, con un marco legal y un presupuesto suficiente para su adecuado funcionamiento y articulación con el ámbito federal.

    III. Representantes (diputados y senadores) en seguridad vial. En las cámaras de representantes el tema debe ser abordado con la suficiente importancia, para la continua regulación y el impulso de medidas legales necesarias para la prevención de muertes por tránsito.

    IV. Modelo de formación y homologación de técnicos especialistas emanados de universidades e institutos educativos técnicos, es necesaria la formación de especialistas cuyo perfil ayude a gestionar la movilidad inteligente, sustentable y segura.

    V. Policías de tránsito con formación homologada y adecuadas garantías laborales. Los policías de tránsito deben contar con una formación adecuada y homologada a nivel nacional que permita realizar su labor con diligencia y autoridad, con un enfoque preventivo y como figuras protagónicas en la seguridad vial.

    VI. Homologar los sistemas de información en materia de seguridad vial a nivel nacional, estatal y municipal, para que permitan la recolección de datos y la generación de información
    estandarizada, para diseñar intervenciones y evaluar el impacto de las políticas de seguridad vial.

Regulación

    VII. Manual de calles completas. Las ciudades del país deben publicar un manual de calles completas, basados en la normativa nacional e internacional.

    VIII. Homologar reglamentos de tránsito a nivel nacional, estatal y municipal, incluyendo las definiciones, los derechos y responsabilidades de los usuarios de la vía, procedimientos, sanciones y otros temas relacionados.

    IX. Faltas graves deben ser delitos contra la seguridad vial, bajo el término de “delitos contra la seguridad vial”, las faltas más graves en el tránsito deberán juzgarse como delitos generando penas y antecedentes penales a los infractores.

    X. Disminución de velocidad en las vías, de acuerdo con los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se solicita a las ciudades establecer estrategias para la reducción de velocidades, así como su gestión a través de herramientas normativas, infraestructura segura, capacitación y tecnología.

Infraestructura

    XI. Asignación de presupuesto a los proyectos para la seguridad vial. Por ley todo proyecto nuevo deberá contar con un apartado dentro del presupuesto para garantizar la seguridad del mismo, incluyendo la auditoría de seguridad vial, y el equipamiento técnico y tecnológico para la reducción de riesgos.

Vehículos

    XII. Registro público vehicular, que funcione a nivel nacional (estandarizado y actualizado).

    XIII. Seguro obligatorio para vehículos automotores, que sea obligatorio a nivel nacional y que una parte de sus costos sea para crear un fondo para financiar distintos aspectos preventivos de la seguridad vial.

    XIV. Vehículos más seguros. Exigir la aplicación de los más altos estándares internacionales en cuanto a equipamiento en seguridad de los vehículos nuevos que se comercializan en el país, y la inspección técnica vehicular para garantizar las condiciones físico-mecánicas de todos los vehículos motorizados en circulación, con especial atención a los del transporte de mercancías y de pasajeros.

Usuarios

    XV. Estrategia de comunicación social permanente. Las campañas oficiales para la reducción de riesgos en el tránsito deben ser continuas y enfocadas, con objetivos claros para disminuir las muertes en los factores más urgentes.

    XVI. Sistema de formación de conductores y licencias de conducir. Homologar la formación de conductores a través de la estandarización y control de las escuelas de manejo, así como los tipos de licencias de conducir y los requisitos para obtenerlas y renovarlas —que incluyan la aplicación de exámenes médicos, de conocimientos teóricos y de habilidades prácticas—, para la certificación de aptitudes a todos los conductores (de cualquier vehículo automotor).

    XVII. Registro nacional de infractores de tránsito, que permita la identificación y sanción de conductas reincidentes, para evitar que aquellos conductores con actitudes y conductas infractoras repetidas puedan circular y usar a los vehículos como una herramienta perjudicial para todos los usuarios de la vía.

    XVIII. Certificación de empresas en seguridad vial. Es importante fomentar que las empresas, sobre todo, las que tienen flotillas para el transporte de mercancías o de pasajeros, puedan identificar sus riesgos de seguridad vial proactivamente, y llevar a cabo programas de prevención de siniestros viales en el entorno laboral.

Atención posterior a los accidentes

    XIX. Certificación de ambulancias y de servicios de atención prehospitalaria. Las entidades de atención prehospitalaria deberán estar homologadas y supervisadas. Asimismo, las unidades deberán cumplir con la NOM020.

    XX. Profesionalización de Ministerios Públicos. Los Ministerios Públicos deben de ofrecer un trato digno, justo, pronto y respetuoso hacia las víctimas de los siniestros viales. Las malas prácticas deben poder ser denunciadas y sancionadas por una contraloría nacional.

Los ciudadanos, organizaciones y empresas que damos vida a la Alianza Nacional por la Seguridad Vial invitamos a todos los colectivos, especialistas y compañías interesadas a sumarse a este ejercicio.

De la misma manera, exigimos a las dependencias de gobierno del país tomar cartas en el asunto de manera expedita, dando prioridad a la reducción de muertes por tránsito en México.

“Juntos podemos salvar miles de vidas”.

 

La ANSV es conformada por más de 70 organizaciones, empresas privadas y colectivos de la sociedad civil.

Tiene como objetivo la observación, el impulso y la construcción de una agenda pública de seguridad vial con la más alta prioridad nacional.

La ANSV estará colaborando con los actores políticos, sociales y empresariales, para incrementar los niveles de seguridad vial en los sistemas de movilidad del país.

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  1. Cervantes Trejo A, Camarillo L, Castañeda I, Barrera H, Dela Rosa A, “Perfiles estatales de seguridad vial, 2010-2020”. Observatorio del decenio de seguridad vial, Universidad Anáhuac, México, 2017.
  2. Cervantes Trejo A, De la Rosa A, Camarillo L, Castañeda I, Barrera H, “20 Principales causas de mortalidad por año, 2000-2015. México”, Observatorio del decenio de seguridad vial, Universidad Anáhuac. México, 2017.

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