Nuestra economía no crece,

entre otras razones, porque:

 

3 bancos dominan los servicios financieros,

2 empresas controlan los canales de televisión abierta,

1 empresa controla la red de conexión telefónica,

2 grupos empresariales controlan la distribución de gas LP,

2 empresas controlan el mercado del cemento,

1 empresa controla dos tercios de la producción de harina de maíz,

3 empresas controlan la producción de pollo y huevo,

2 empresas controlan el 80% del mercado de leche,

3 empresas dominan el mercado de carnes procesadas,

2 empresas controlan el mercado de refrescos, jugos y agua envasados,

1 empresa controla la producción del pan industrializado,

2 empresas controlan la distribución de medicamentos.

 

En contraste, los consumidores mexicanos carecen de derechos. La legislación actual facilita los abusos en la venta de bienes y la prestación de servicios, en materia de precios y de calidad. Así, los consumidores concurren a un mercado controlado por oligopolios en una situación de verdadera desventaja, sin organización, con la debilidad que da actuar a título individual.

 

Por lo anterior, las organizaciones sociales y los individuos que suscribimos este acuerdo nos comprometemos a impulsar el movimiento civil en demanda de una mayor competencia en la calidad y precios de los productos y servicios que se ofrecen a los consumidores; denunciar y combatir las prácticas monopólicas y oligopólicas que obstruyen esa competencia así como las acciones que de manera individual o en conjunto realicen las empresas en contra de los intereses colectivos o en detrimento del desarrollo democrático, laboral y cultural del país, así como del medio ambiente.

 

 

Quienes suscribimos este acuerdo coincidimos en que es urgente:

 

1. Transitar hacia un sistema que propicie la competencia ampliando la oferta, la calidad y los precios de los bienes y servicios que se ofrecen a consumidores y usuarios.

 

2. Eliminar los beneficios fiscales a las grandes empresas, como se han mantenido por décadas, de manera que esos beneficios fiscales así como los apoyos financieros sean dirigidos hacia los sectores productivos que fortalecen las economías locales y regionales brindando opciones a los consumidores en términos de calidad y precios de los productos y servicios.

 

3. Dotar de amplias atribuciones a las autoridades y organismos reguladores de las reglas de competencia y defensores de los derechos de consumidores y usuarios, para que ejerzan una estricta vigilancia, cumplan con su función disuasiva de las prácticas monopólicas y oligopólicas, y apliquen sanciones oportunas y ejemplares a las empresas que desarrollen dichas prácticas en cualquier sector.

 

4. Ajustar los procedimientos y mecanismos institucionales para facilitar que los consumidores ejerzan su derecho a demandar plena satisfacción tras adquirir un bien o contratar un servicio que no cumpla con lo ofrecido.

 

5. Combatir y regular el agresivo cabildeo que realizan las corporaciones, así como el contubernio con legisladores y funcionarios del poder ejecutivo, en contra de reformas que benefician la competencia y defienden los derechos colectivos e individuales de consumidores y usuarios.

 

6. Promover el reconocimiento legal de la figura de las “acciones colectivas”, ya que este es un mecanismo reconocido internacionalmente que permite a los consumidores y usuarios defender sus derechos de manera colectiva cuando estos son violados por quienes ofrecen algún bien o servicio.

 

7. Demandar que en la operación de las empresas paraestatales haya rendición de cuentas y democracia en sus órganos reguladores con la participación de consumidores y usuarios, con el propósito de que mejoren los precios de los productos y servicios que ofrecen, así como la calidad de los mismos.

 

Organizaciones promotoras de Consumidores:

El Poder del Consumidor AC

Oxfam México

El Barzón