Piden organizaciones no haya regresiones en caso Supervía

21 diciembre, 2011 | : Infraestructura urbana, Transporte eficiente

20 diciembre 2011. Organizaciones de la sociedad civil felicitaron al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal por haber declarado la nulidad de la Autorización de Impacto Ambiental (AIA), concedida por el gobierno capitalino a la Supervía Poniente, utilizando como principal argumento el interés legítimo de las organizaciones, y demandaron que los nuevos magistrados que renovarán la Sala Superior no cedan a presiones tanto del gobierno del Distrito Federal, como de los concesionarios y la ratifiquen.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), El Poder del Consumidor, y Alternativas y Capacidades consideraron que la decisión de los magistrados confirma lo establecido por la Ley y otros criterios de la Corte en el sentido de reconocer el interés jurídico que tienen las organizaciones en los casos de obras públicas en las cuales pueda existir violación al derecho humano a un medio ambiente sano, abordando este tema como un derecho colectivo y no sólo de los directamente afectados.

Destacaron que la relevancia de dicha sentencia radica en el reconocimiento que se da a las asociaciones y colectivos de impugnar actos que sean de interés público -como la Supervía-, pues al tener la finalidad de preservar el medio ambiente cuentan con el interés legítimo para acudir e impugnar la Autorización de Impacto Ambiental (AIA).

Gustavo Alanís, director del CEMDA, destacó que «es lamentable que el gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, haya argumentando la falta de interés legítimo de las organizaciones para impugnar estas obras, cuando ya existen precedentes legales en los cuales se les reconoce dicho interés, y que pretenda seguir adelante con la construcción de la obra».

Las organizaciones alertaron también sobre la presión que ejerce el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, sobre el Tribunal para revertir la declaratoria de nulidad, pretendiendo imponer magistrados para controlar este órgano autónomo. Recordaron el caso de Francisco Ríos Zertuche, propuesto como magistrado de salas ordinarias y quien ha asesorado al jefe de Gobierno para defender la construcción de la Supervía.

Asimismo, denunciaron la falta de compromiso y seriedad del Gobierno del Distrito Federal al cancelar en días pasados la Mesa de Transparencia, en la cual se iban abordar, justamente, los temas de acceso a la información y transparencia en materia de obras públicas.

La sentencia emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Distrito Federal, en donde se declara nula la Autorización de Impacto Ambiental que la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) local otorgó para la construcción de la Supervía Poniente, constituye un sólido paso hacia el fortalecimiento del derecho a la información, la consulta y la participación de los ciudadanos frente a obras públicas que les afectan.

Otro elemento fundamental es que el Tribunal reconoce que las publicaciones en diarios o medios de comunicación en general no son un medio idóneo para emplazar a los afectados a juicio, por lo que les debió haber notificado directamente. Asimismo, se reconoce que no sólo se debe informar a los afectados, sino que también se tiene la obligación de consultarlos.

El Tribunal añade incluso que el caso ameritaba la consulta, no solo por el impacto ambiental de la obra sino por el impacto social de la misma, lo cual sienta también un importante precedente en los casos de proyectos de construcción de obras públicas.

Gerardo Moncada, nuestro coordinador de Transporte de El Poder del Consumidor, apuntó al respecto que «resulta muy grave que la autoridad de la Ciudad de México minimice o considere discrecional la obligación de someter a consulta pública las obras que piensa desarrollar, pues esto no es solo ilegal sino que atenta contra los principios de un gobierno democrático».