Salud y el conflicto de interés
31 agosto 2012. El tabaquismo y el consumo no moderado de alcohol, en conjunto, son responsables del 12.5% de las muertes en el mundo, mientras los malos hábitos alimentarios provocan el 13.6% de los decesos. En México, cada año mueren por diabetes, una de las consecuencias del sobrepeso y la obesidad, más de 70,000 personas.
La más prestigiada revista en salud pública, el Journal of Public Health habla de la “epidemia industrial” refiriéndose a las enfermedades generadas por estas prácticas de consumo. Retomando los esquemas tradicionales de la salud pública identifica el papel que juega el “huésped” (el consumidor), el “agente” (el producto), el ambiente, y el “trasmisor de la enfermedad” (la corporación).
La idea de reconocer como trasmisor de una enfermedad a una corporación se desarrolló frente a la industria del tabaco. Al revelarse, en los procesos judiciales contra las tabacaleras, miles de documentos que mostraban la estrategia que habían desarrollado para socavar las políticas de salud que afectaban sus ganancias, se identificó a esta industria como un “trasmisor de enfermedades”.
Las tácticas empleadas por las grandes corporaciones de alimentos y bebidas para impedir las regulaciones que pueden afectar sus ganancias son muy similares a las que emplearon las tabacaleras:
• señalar que los daños a la salud por el consumo de estos productos son sólo una responsabilidad individual,
• financiar y difundir investigaciones que las eximen de responsabilidad,
• usar la “responsabilidad social” para promover su reputación y, principalmente,
• oponerse a cualquier tipo de regulación por parte de los gobiernos argumentando que viola la libertad individual, para promover su autorregulación.
Los expertos señalan que, al igual que la industria del tabaco, las grandes corporaciones de alimentos y bebidas se han convertido en un “trasmisor de enfermedades”.
Las regulaciones desarrolladas para combatir la obesidad que han comenzado a presentar éxitos se han enfocado en:
• regular la venta de bebidas y alimentos en las escuelas,
• prohibir la publicidad de comida chatarra dirigida a la infancia,
• desarrollar etiquetados que realmente orienten a los consumidores y
• establecer impuestos a estos productos, especialmente, a los refrescos.
Conocemos muy bien cómo intervinieron las empresas en México para:
• debilitar los lineamientos para la venta de alimentos y bebidas en las escuelas,
• cómo se opusieron a que se regulara la publicidad de comida chatarra dirigida a los niños y desarrollaron su propia autorregulación y
• cómo, para evitar que el gobierno presentara una propuesta nueva de etiquetado frontal en los productos, desarrollaron uno propio.
En este contexto, el secretario de Salud, Salomón Chertorivski, no ha presentado ninguna propuesta de regulación en materia de combate a la obesidad, al contrario, defiende la autorregulación empresarial.
Desde hace meses, Chertovirsky tiene guardada una evaluación crítica de esta autorregulación y no ha dicho palabra alguna, permitiendo la práctica del engaño y manipulación de los niños para inducirlos al consumo de productos no saludables.
Por otro lado, ni él ni el comisionado de Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios), Mikel Arriola, han actuado para exigir el retiro del etiquetado que las empresas agrupadas en ConMéxico desarrollaron y que, de acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública, engaña a los consumidores.
Diversos estudios demuestran que los países que han aplicado regulaciones a la disposición, publicidad e impuestos a este tipo de productos han logrado bajar el índice de sobrepeso y obesidad.
En cambio, donde no hay regulaciones, donde estas son débiles y confusas y se acepta la autorregulación empresarial, nada cambia.
De no actuarse a través de medidas fuertes, como lo advierte José Ángel Gurría, Secretario de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), el país será inviable, tanto sanitaria como financieramente.
Para evitarlo, el próximo secretario de Salud deberá ser un experto en políticas de salud pública y encontrase libre de conflicto de interés.
De que esté libre de conflicto de interés la política de salud pública pueden depender cientos de miles de vidas y las finanzas públicas del país.
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Artículo de Alejandro Calvillo, Director de El Poder del Consumidor, publicado en Reforma .