Ante la alerta epidemiológica por obesidad y diabetes, México necesita de una política verdadera para hacer frente al problema
- Organizaciones de la sociedad civil hacemos un llamado al Legislativo a destinar recursos suficientes para la prevención y el tratamiento de la obesidad y diabetes.
- Las muertes por diabetes en México han crecido más de un 500% en solamente 35 años, pasando de 14,500 en 1980 a 98,450 en 2015.
- Más de 10 millones de mexicanos sufren diabetes y se estima que un 30% no sabe que tiene la enfermedad.
1 diciembre 2016. La Alianza por la Salud Alimentaria, la coalición ContraPESO y el senador Armando Ríos Piter urgieron al Legislativo a destinar recursos suficientes para la prevención y el tratamiento de la obesidad y diabetes, una vez que el Comité Nacional de Seguridad en Salud declaró emergencia epidemiológica por obesidad y diabetes ante el creciente número de muertes que provoca. Este hecho reitera la gravedad del problema y la necesidad de revisar las acciones realizadas durante los últimos años en materia de salud, así como la omisión de otras.
Las muertes por diabetes en México han crecido más de un 500% en solamente 35 años, pasando de 14,500 en 1980 a 98,450 en 2015. Más de 10 millones de mexicanos sufren diabetes y se estima que un 30% no sabe que tiene la enfermedad.
Ante la gravedad del problema, el presupuesto asignado al sector salud para el 2017 resulta insuficiente y no refleja la urgencia de esta alerta sanitaria.
Desde hace 25 años reconocidos expertos en el área de nutrición advertían sobre la necesidad de actuar para evitar la epidemia de obesidad que hoy nos aqueja.
Hace 9 años, que se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, se documentaba un incremento nunca antes visto de las cifras de obesidad.
Para el 2010 se presentó el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria (ANSA), un intento por vincular el trabajo de las diferentes Secretarías e instituciones relacionadas con la salud. Sin embargo, al final no se pudieron comprobar los resultados de este Acuerdo, principalmente atribuidos a la falta de presupuesto.
Finalmente, hace 5 años el relator especial de Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación, Olivier de Shutter, invitado por el gobierno mexicano, recomendó declarar emergencia nacional por la epidemia de obesidad.
Las organizaciones civiles hicieron un llamado a los senadores para pasar de la inacción a la acción a través de una política pública rectora —y por consiguiente de un programa presupuestario— para la prevención del sobrepeso y la obesidad.
Si bien es cierto que se han llevado a cabo acciones como lo es el impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos con alto contenido calórico, logrando una reducción en su consumo, sigue pendiente garantizar la transparencia del uso de los recursos, así como fortalecer otras medidas de salud para enfrentar el problema.
Luis Manuel Encarnación, coordinador de la Coalición ContraPESO —integrante de la Alianza por la Salud Alimentaria—, declaró: “La simulación es un gran enemigo de la política pública y uno de sus peores efectos es que desestima aquellos mecanismos que, si bien no son absolutos, son parte fundamental de un grupo de medidas que en conjunto buscan resolver un problema. Las medidas fiscales fueron un primer paso, pero necesitamos tener claridad y transparencia en el uso de los recursos. Por supuesto que es necesario fortalecer el impuesto, pero es tanto o más importante, fortalecer las políticas complementarias como el etiquetado de alimentos y la regulación de publicidad”.
Hoy, México requiere de una política de fondo que enfrente fuertes intereses económicos y que establezca regulaciones efectivas, basadas en la evidencia científica. Los intereses comerciales no pueden estar por encima de la salud de los mexicanos.
Federico Cortés, de la consultora Probatio, afirmó: “Se requiere, asimismo, de un presupuesto a la altura y articulado. Para ello, debemos transitar de un modelo de medidas reactivas a una política efectivamente preventiva. Se propone para ello la creación de un programa presupuestario específico que dé garantía de una verdadera política de Estado, perdurable en el tiempo y resistente a los cambios sexenales de gobierno”.
Por último, Fiorella Espinosa, investigadora en Salud Alimentaria de El Poder del Consumidor —también organización integrante de la Alianza por la Salud Alimentaria—, recordó: “Para enfrentar esta alerta epidemiológica el sistema de salud no puede solo, se necesita de una política integral que involucre a todos los sectores, no sólo al sector salud y de educación, también al agrícola y económico. Se debe garantizar la producción y el acceso a alimentos saludables”.
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