México ante la COP25: urge aumentar la ambición y actuar ante la emergencia climática (posicionamiento de la sociedad civil mexicana)

4 diciembre, 2019 | : Contaminación del aire

4 diciembre, 2019. México y el mundo están experimentando una emergencia climática, a la que muchos países están respondiendo con compromisos para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050, como es el caso de Reino Unido, Nueva Zelanda, Alemania y Costa Rica en América Latina.

Sin embargo, México que forma parte de los 20 mayores emisores de gases de efecto invernadero en el mundo, contribuyendo con 1.6% de las emisiones globales, ha establecido una política energética basada en combustibles fósiles que a toda luz va en contra de las metas establecidas tanto en el Acuerdo de París, como en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas de México incluidas en la Ley General de Cambio Climático.

Ante este panorama, como organizaciones de la sociedad civil, y expertas y expertos en cambio climático, así como defensores y defensoras de derechos humanos queremos hacer del conocimiento de la comunidad internacional la realidad que el país está experimentando:

1. En 2019, el presupuesto dirigido a la explotación de gas y petróleo, principal causante del cambio climático, corresponde al 10.5% del presupuesto total de la Federación, mientras que los recursos para cambio climático únicamente 0.7%. En 2020 la situación será peor, con 11.2% del presupuesto total dedicado a hidrocarburos.
2. La Secretaría de Energía (Sener), quien coordina la política energética del país, dedica en 2019 el 92.3% de su presupuesto a acciones relacionadas con gas y petróleo, y solo 7.7% para otro tipo de energías, mientras que su presupuesto para atender el cambio climático apenas representa un 3%. En 2020, los recursos para gas y petróleo alcanzarán 95.7% del presupuesto total de Sener y solo 1.3% va para acciones relacionadas con el cambio climático.
3. Por otro lado, la Sener buscó cambiar las reglas para conceder certificados de energía limpia a plantas eléctricas antiguas, devaluando el valor real de los certificados, e inutilizando su función como mecanismo para promover la energía renovables y acelerar la transición energética.
4. Un aspecto de gran preocupación es que, pese a que el presidente señaló como Punto 75 de su Plan de Gobierno que “No se usarán métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua, como fracking”, tanto el presupuesto de 2019 como el presupuesto aprobado para 2020 incluyen recursos para la explotación de gas y petróleo que requieren el uso de esta dañina técnica. En 2019, se asignó un total de $6’005,260,392 pesos (307 millones de dólares) para dos proyectos de Pemex Exploración y Producción (PEP): “Aceite Terciario del Golfo” (ATG) y “Aceite y Gas en Lutitas”. Al tercer trimestre de este año ya ha sido gastado el 74%, lo que significa que durante esta Administración es un hecho que ya se han ejercido recursos para fracking.
5. Para 2020 a estos proyectos de fracking se les ha asignado un total de $10’837,382,324 pesos (554 millones de dólares), lo que no solamente significa que se pretende seguir con el fracking, sino que se le está asignando más presupuesto que antes.
6. Actualmente se está en incumplimiento de la Ley General de Cambio Climático, ya que la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) debe sesionar ordinariamente dos veces al año y sólo hasta el mes de noviembre realizó su primera sesión, sin la participación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien debe presidir la CICC de acuerdo con la Ley General de Cambio Climático.

Estos hechos muestran que México, lejos de acercarse al cumplimiento de las metas de cambio climático, está caminando en dirección contraria, lo que también desconoce las obligaciones constitucionales que tienen las autoridades de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos de la población, incluidos los derechos al medio ambiente sano y a la salud, así como de prevenir sus violaciones.

Esto requiere, entre otras cuestiones, que el gobierno mexicano tome medidas adecuadas, deliberadas y claramente orientadas a impulsar el manejo forestal sustentable por parte de las comunidades que habitan los territorios y a evitar acciones que contaminen grave e irreversiblemente el aire, el suelo, el agua, los ecosistemas, la biodiversidad y que causan serias afectaciones a la salud y a las condiciones de vida de la población. Al no hacerlo, el futuro de las generaciones presentes y venideras está condenado por las decisiones centradas en combustibles fósiles que el gobierno está tomando en materia energética.

Por ello, hacemos este comunicado para exhortar a la comunidad internacional que exija a México la implementación de políticas ambientales que tomen en cuenta sus compromisos internacionales, su legislación vigente y el bienestar presente y futuro de las comunidades, y de la población de su país y la del mundo.

Creemos que la delegación mexicana, integrada por diversos actores gubernamentales y no gubernamentales, debe impulsar temas de interés para el país en el marco de la COP25 que se celebra en Madrid, España, del 2 al 13 de diciembre, que deben ir en la siguiente dirección:

1. Impulsar medidas para dejar sin extraer la mayor parte de las reservas de combustibles fósiles existentes: Para alcanzar el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados centígrados como lo sugiere el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, se deben dejar en el subsuelo 84% de las reservas globales de carbón, petróleo y gas. Esto implica la urgente necesidad de prohibir legalmente de manera inmediata la explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking y otras técnicas. Asimismo, implica dar un giro en el modelo de desarrollo fósil y avanzar en alternativas de desarrollo garantes del medio ambiente, los derechos y formas de vida de las comunidades.
2. Eliminación de los mercados de carbono del libro de reglas del Acuerdo de París (Artículo 6): Los mercados de emisiones de carbono no han demostrado ser mecanismos eficaces para reducir emisiones y en el pasado han violentado derechos humanos, generando conflictos, abusos empresariales, relocalización forzada y amenazas de genocidio cultural. Los Estados, como el mexicano, deben hacerse responsables e implementar medidas públicas para la reducción de emisiones respetando los derechos humanos y que sean justas y equitativas.
3. Pérdidas y daños (Artículo 8): México debe proponer un esquema de financiamiento que permita la inversión en aquellas zonas afectadas por la crisis climática que ponen en riesgo su desarrollo social y económico, y que opere como un fondo de inyección para reactivar actividades priorizando a comunidades vulnerables. De ninguna manera debe usarse como un mecanismo para que países petroleros reclamen compensaciones.
4. Financiamiento climático (Artículo 2 y 9): Se debe fortalecer la conversación sobre el sistema de cálculo de la meta de financiamiento que se tendrá que establecer en 2025 en el marco del Artículo 2 del Acuerdo de París. Y se debe establecer el plan para la asignación y transferencia del compromiso adquirido en la COP16, sobre la provisión de 100 mil millones de dólares al año a partir de 2020 por parte de países desarrollados.
5. Contribuciones Nacionalmente Determinadas (Artículo 4): Se debe impulsar que las metas de las contribuciones respondan a la información científica disponible, especialmente la del IPCC. Y México debe enfatizar que la “ciencia no es negociable” y basar todas sus medidas en ella. Así como comprometerse a la neutralidad de carbono para 2050.
6. Marco de transparencia (Artículo 13): México debe asegurar que el sistema de medición, reporte y verificación bajo el marco de transparencia incluya métodos comparables para los países miembros de la CMNUCC, aprendiendo de esquemas existentes pero independientes y bajo completa observancia de la Convención. Estos deben ser aplicables para países en desarrollo, tomando en cuenta el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y respectivas capacidades. Se debe impulsar un sistema de transparencia robusto que haga compatibles los esfuerzos de Artículo 4 (sobre contribuciones nacionales), Artículo 9 (sobre financiamiento) y Artículo 13 (sobre transparencia).

Y México debe velar en todo momento por la defensa de los derechos humanos, la equidad de género y por los derechos intergeneracionales y de las comunidades más vulnerables.

La actual posición del gobierno de México en materia de cambio climático no es compatible ni con el espíritu y ambición del Acuerdo de París, ni con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ni con sus obligaciones en materia de derechos humanos derivadas de instrumentos internacionales y la propia Constitución. Por ello es necesario una revisión de dichas metas para proteger a las futuras generaciones, porque el costo de la inacción será mucho mayor.

México debe impulsar posicionamientos progresistas y ambiciosos en la COP25, pero sobre todo debe traducirlos en acción de toda la nación. ¡Queremos justicia climática!

Organizaciones firmantes
Centro de Lengua y Cultura Zoque de Chiapas
CartoCrítica. Investigación, mapas y datos para la sociedad civil
No Fracking Tamaulipas
Ximhai Derechos Humanos para la Sierra Otomí Tepehua
Leave it in the Ground Initiative, LINGO
Alianza Mexicana contra el Fracking
Bicitekas
Greenpeace México
Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina, COCIHP
Extinction Rebellion México
La Cuadra Provoca Ciudad A.C.
Barrio Unido A.C.
Huerto Roma Verde
Organi K A.C.
Manos a la Tierra
Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C.
SustainLuum
Zurciendo el planeta
El Poder del Consumidor, A.C.
Amigos del Río San Rodrigo
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA
CORASON, Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan
Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA
Mamás y Papás por el Clima
Tlachinollan
Una Más: Centro de estudios para la sostenibilidad A.C.
Servicio y Asesoría para la Paz, Serapaz
Asociación Ecológica Santo Tomás, A.C.
Transparencia Mexicana
Ombudsman Energía México
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, A.C.
Instituto de Investigaciones Económicas. Universidad Nacional Autónoma de México

Personas firmantes
Rubén Albarrán, Artista
Dra. Leticia Merino
Dra. María Teresa Gutiérrez
Dr. Jorge Peláez

 
¡QUEREMOS JUSTICIA CLIMÁTICA!