La evaluación de la Estrategia Nacional frente a la Obesidad y la Diabetes es negativa, regulaciones sustanciales son una simulación

1 febrero, 2018 | : Salud, Prensa, Salud nutricional

  • México se convierte en ejemplo internacional de interferencia de la industria en las regulaciones para prevenir la obesidad, inhibiéndolas.
  • El observatorio que da seguimiento a dichas medidas fue cooptado por la industria, lo que resultó en un constante bloqueo de evaluaciones y avances en base a éstas.
  • Es responsabilidad de las autoridades sanitarias no dejar las regulaciones en calidad de simulaciones.

1 febrero 2018. A unos meses de terminar el sexenio, la sociedad civil ha sido testigo de cómo el combate a la obesidad en México ha sido mermado por los intereses de las grandes empresas que comercializan productos ultraprocesados.

Esta gran industria, además de no reconocer que sus productos implican un potencial daño a la salud, con el argumento de la libertad de mercado, han demostrado estar aplicando un “playbook” o estrategia semejante a la que en el pasado usaba la industria tabacalera y la cual se hace cada vez más evidente.

En 2016, la Alianza por el Gobierno Abierto, una iniciativa multilateral compuesta por 70 países que impulsa un modelo de gobernanza basado en principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación, generó un proceso de construcción del Plan de Acción 2016-2018, en el cual se incluía el tema de obesidad infantil.

Una vez definidas las líneas de acción, en 2017 se generaron reuniones de trabajo y acuerdos, siendo uno de ellos establecer Lineamientos para la gestión de conflictos de interés en el ciclo de las políticas públicas relacionadas con la obesidad y diabetes.

El acuerdo era que una vez validados por la Secretaría de Salud, estos lineamientos se presentarían en la siguiente sesión del Consejo Asesor del Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles (OMENT).

La representación de Secretaría de Salud ante representantes de la Secretaría de la Función Pública acordó lineamientos con la sociedad civil y la academia, y anunció su presentación. Sin embargo, esto no sucedió.

A finales del 2017, por invitación abierta a las reuniones temáticas de los grupos técnicos del OMENT, el Poder del Consumidor —organización integrante de la Alianza por la Salud Alimentaria— acudió a las reuniones de Etiquetado nutrimental, Publicidad de alimentos y bebidas dirigida a público infantil, Alimentación infantil, Criterios nutrimentales y el relativo a Medidas fiscales.

El objetivo de dichas reuniones era trabajar en los avances a presentar en la 3ra. Sesión Ordinaria del Consejo Asesor del OMENT a finales del año, lo cual tampoco ocurrió, ya que no se habían logrado grandes avances.

En la última reunión relativa a los criterios nutrimentales, a inicios de 2018, el representante de la propia Secretaría de Salud paró la reunión por la oposición del sector privado a aceptar los criterios internacionales, anunciando que será la propia Secretaría quien tome las decisiones regulatorias con base en las recomendaciones de organismos internacionales, institutos de salud y el sector público.

En las 7 reuniones a las que acudió El Poder del Consumidor, los representantes de la industria expusieron argumentos en contra de las recomendaciones internacionales y de los expertos presentes en la mesa, alegando que tenían estudios que mostraban resultados positivos de las actuales medidas, sesgando por completo la información al estar hechos a su modo.

Una constante fueron las declaraciones que buscaban mantener el estatu quo de las políticas en las que, hasta por referencia de ellos mismos, “habían participado en su diseño”.

También era reiterativo destacar el argumento de la implementación de procesos meramente educativos, sin considerar que el ambiente, en conjunto con el acceso a la información, son los pilares para lograr cambios sustanciales en el estado de salud y nutrición de la población.

Recientemente, el caso general del OMENT se ha dado a conocer en una publicación académica de relevancia, el libro “Salud Pública y la industria de bebidas y alimentos: la gobernanza y ética de la interacción. Lecciones de la investigación, políticas y práctica” dado a conocer en el Reino Unido.

En su primer capítulo, el libro muestra un análisis del potencial conflicto de interés en el Consejo Asesor del OMENT, indicando que este espacio está dominado por entes con un fuerte interés comercial, lo que convierte en necesario un mecanismo para prevenir y manejar el conflicto de interés en todos los niveles del ciclo de las políticas públicas de salud y nutrición en México.

La publicación también documenta el caso del diseño e implementación del etiquetado frontal de alimentos que entró en vigencia en 2014, resaltando la relación tan cercana entre el gobierno y la gran industria de alimentos y bebidas en la hechura de esta política.

Si este vínculo no existiera, se expresaría en que hoy México tuviera una regulación fuerte de la publicidad de estos productos, como la que ya existe en Chile, una regulación que en verdad proteja a los niños en los horarios y programas que más ven en la televisión, así como en todos los espacios y técnicas mercadológicas con las cuales son bombardeados.

También tendríamos un etiquetado nutrimental frontal verdaderamente entendible y no convenientemente confuso e inútil como el que es obligatorio ahora.

No usaríamos criterios nutrimentales laxos, que fomentan el consumo de azúcares añadidos, sino aquellos que toman en cuenta las recomendaciones internacionales, tal y como se había planteado en la versión original de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (ENPSOD).

La actual administración del doctor Narro heredó el OMENT con una conformación cooptada por el conflicto de interés al prevalecer la representación de la propia industria y están ausentes los institutos de salud y las organizaciones de la sociedad civil.

También heredó las regulaciones del etiquetado frontal y la publicidad dirigida a la infancia diseñada por la industria.

Antes de terminar la administración, la Secretaría de Salud tiene la oportunidad de establecer mecanismos para hablar de un verdadero combate al sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Entre ellos están:

  • Establecer políticas de gestión de conflicto de interés en las diferentes esferas relacionadas con el sobrepeso y la obesidad. La industria no quiere regulaciones efectivas, ya que afectan sus ganancias y esto debe estar visibilizado en cualquier mesa.
  • Modificar la norma oficial NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria, tal y como se acordó para el Plan de Acción de Gobierno Abierto 2016-2018 original en consenso con todos los participantes.
  • Modificar la normatividad relativa a la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia para ampliar el espectro de protección a este grupo de población.

Descarga de archivos

Nota “Lecciones extraídas a partir de interacciones entre el sector de salud pública y la industria de alimentos y bebidas” en blog The Lancet > descargar (PDF, 61 Kb)

Traducción extracto del libro ‘Public health and the food and drinks industry: The governance and ethics of interaction. Lessons from research, policy and practice’ > descargar (PDF, 478 Kb)

Boletín de prensa > descargar (PDF, 227 Kb)

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