Coalición Ciudadana contra la «telecracia» y su «telebancada»

28 mayo, 2012 | : Monopolios y competencia, Empresas

28 mayo 2012. La asociación civil El Poder del Consumidor se suma a la Coalición Ciudadana Democracia y Medios: «Telecracia no es democracia».

Hay que luchar porque prevalezca el interés público sobre intereses privados.

Es necesario que los políticos dejen de protejer los intereses de los medios de comunicación por encima de los ciudadanos y consumidores.

Debemos evitar que las televisoras en México tengan más poder que las instituciones del Estado.

Alejandro Calvillo, nuestro director en El Poder del Consumidor, puntualiza: “El dominio de los monopolios en México no sólo ha comprometido el desarrollo económico también ha dañado la democracia; esto último por otro monopolio, el de la televisión. No hay forma de que transitemos a un estado democrático, donde el crecimiento económico, el desarrollo, la certeza jurídica, el bienestar social e incluso la seguridad jurídica se dé, mientras la riqueza y la democracia sea secuestrada por las televisoras”.

A continuación –para complementar la explicación de nuestra adhesión–, nos permitimos reproducir la convocatoria del lanzamiento para unirse a dicha coalición:

Desde hace décadas las organizaciones defensoras de la libertad de expresión y el derecho a la información han denunciando la grave concentración de medios electrónicos y sus consecuencias para la transición y consolidación de nuestra democracia.

En su más reciente visita a México, los Relatores de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de las Naciones Unidas, expresaron en su informe preliminar que esta concentración de recursos comunicacionales pone en riesgo el debate democrático en el país.

A pesar de las múltiples advertencias y recomendaciones al Estado mexicano por parte de organismos internacionales de derechos humanos para que se apruebe una ley que termine con esta grosera concentración, así como de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó los principales artículos de lo que se conoció como Ley Televisa, hasta el momento no se ha hecho nada para que México deje de ser uno de los países con mayor concentración de medios en el mundo.

Los medios electrónicos, especialmente el duopolio televisivo, se han convertido en un poder fáctico capaz de doblegar a las instituciones y a la clase política, la cual no se atreve a trastrocar sus intereses, independientemente de la orientación partidista. El ejercicio de ese poder (que es al mismo tiempo económico, político y simbólico) carente de regulación les facilita la posibilidad de imponer sus privilegios y de desafiar a los poderes institucionales que tanto trabajo le ha costado a la sociedad controlar con base en criterios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas. Lo anterior ha sido constatado en múltiples ocasiones; la más reciente pero no la única fue la decisión de TV Azteca de no transmitir en un canal de cobertura nacional el debate presidencial del 6 de mayo; las declaraciones de su concesionario se burlaron del arduo y prolongado trabajo que ha costado la construcción de la democracia electoral y el modelo de comunicación política.

El poder fáctico de las televisoras ha logrado penetrar en las más elevadas instancias de representación política del Estado para desde ahí hacer valer y fortalecer sus privilegios. Tal es el caso de la llamada “telebancada” en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Es decir, la “telebancada” está compuesta por diputados y senadores con vinculación estrecha y directa con las televisoras quienes ocupan curules, escaños y cooptan posiciones y comisiones estratégicas dentro del Congreso, como son las presidencias de las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Comunicaciones y Transportes para defender los intereses de las grandes empresas mediáticas.

Las diversas “telebancadas”, que no han llegado democráticamente al Congreso sino a través del trueque político y la cooptación del poder mediático, han gozado de cuantiosos sueldos pagados por los impuestos ciudadanos, además de considerables recursos institucionales, de influencia e injerencia política para promover, obstaculizar y detener iniciativas legislativas y del Ejecutivo Federal que pudieran afectar los intereses de las televisoras. Tal es el caso de la acción de inconstitucionalidad que promovió el Congreso de la Unión ante la SCJN en contra de la política de transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), a iniciativa de legisladores públicamente pertenecientes a la “telebancada”, la cual buscaba adelantar la fecha del llamado “apagón analógico”. Aunque la acción de inconstitucionalidad no prosperó en el máximo tribunal, la “telebancada” logró retrasar un año más la entrada en vigor de la política de TDT; a esta estrategia dilatoria se siguen sumando intentos por impedir la entrada de la competencia en el mercado de la televisión y la publicidad, así como la posibilidad de fomentar la pluralidad y la diversidad en la radiodifusión comercial.

En la próxima renovación del Congreso esta “telebancada” se ampliará sustancialmente, y cerca de 20 personas, entre directivos y empleados de las televisoras, concesionarios de la radio y personeros altamente vinculados con los empresarios de la radiodifusión, serán elegidos legisladores sin haber pasado por la vía del voto popular, a través de las listas de diputados y senadores plurinominales a los que tienen derecho los partidos políticos y que eligen las cúpulas partidistas, por lo general sin ningún tipo de arraigo social.

La “telebancada” es el reflejo de cómo un poderoso y selecto grupo vinculado a la comunicación masiva utiliza una de las instituciones del Estado para defender sus intereses particulares, pasando sobre los derechos humanos del resto de la ciudadanía.

El arribo de una nueva, fortalecida y crecida “telebancada” al Congreso de la Unión atenta contra la democracia porque los legisladores impuestos ocupan posiciones en las cuales otras y otros ciudadanos podrían desempeñarse de manera menos comprometida con los poderes fácticos. La “telebancada” promueve y fomenta el debilitamiento de las instituciones, pone en duda la representación política y las reformas de vanguardia al régimen jurídico de la radiodifusión y las telecomunicaciones porque terminan permeadas por presiones, intereses y agendas del poder mediático.

Si las empresas mediáticas siguen acaparando los espacios de representación para comunicar, ¿con qué opciones contaremos las y los demás para comunicar puntos de vista distintos? Por ejemplo, ¿el poder mediático continuará normando nuestra perspectiva política, estética y ética de la realidad con contenidos de ínfima calidad y dudosa profesionalidad? ¿Los intereses de las empresas mediáticas seguirán entorpeciendo la realización de políticas públicas que garanticen la libre producción, el acceso y la retroalimentación de información para todas y todos?

El 14 y 15 de abril de 2011 la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) convocó a la ciudanía al Encuentro Nacional por la Diversidad y la Calidad en los Medios de Comunicación. Tras la jornada, las y los participantes propusieron una agenda de 33 puntos que concentran exigencias legítimas al Estado.

Tomando como base el documento resultante del Encuentro, y sumada a la preocupación por la telebancada, pueden agruparse cuatro acciones que deben ser llevadas al nivel de políticas públicas:

1. Realizar una reforma legislativa que limite el acaparamiento de los medios de comunicación, fomente el pluralismo con medios públicos, indígenas, sociales y comunitarios, y la calidad en los medios de comunicación.

2. Crear una verdadera agenda digital, la cual incluya el acceso universal a la banda ancha para todos y todas las mexicanas, una política integral de televisión digital que garantice el acceso y resdistribución del nuevo dividendo digital.

3. Salvaguardar el trabajo periodístico, con medidas efectivas para acabar con la impunidad en contra de periodistas y medios de comunicación, garantizar sus derechos y que las empresas mediáticas asuman sus obligaciones laborales y de capacitación para los trabajadores de la información.

4. Garantizar el fortalecimiento de la producción nacional independiente nacional, regional y local, así como el pleno respeto de los derechos de las audiencias y de los sectores prioritarios para el país: mujeres, niñez, pueblos indígenas.

Dada la complejidad para llevar a cabo todas estas acciones, desde la AMEDI se vislumbra la necesidad de crear la Coalición Ciudadana Democracia y Medios: Telecracia no es democracia, para exigir a los partidos políticos una explicación de la “telebancada” y exigirle a sus candidatos a la Presidencia de la República que se comprometan por la Agenda del Derecho a la Información, pues de ello depende el fortalecimiento de nuestra frágil democracia y el cumplimiento de nuestros derechos humanos y ciudadanos.