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Impuesto al refresco para bebederos de agua

5 diciembre 2012. Organizaciones de productores y comercializadores de productos del campo, de consumidores, de defensa de los derechos de la infancia y del derecho al agua demandan la aplicación de un impuesto a los refrescos para destinar estos recursos a un programa nacional de introducción de agua potable purificada en las escuelas y en los espacios públicos de las comunidades más pobres del país.

Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil se refirieron a estudios que han indicado que de aprobarse la iniciativa de impuesto para los refrescos azucarados, un incremento de $2.00 pesos por litro al refresco permitiría recaudar un fondo equivalente al 96% de los gastos en diabetes y disminuiría la demanda en 13%, lo que reduciría el consumo per cápita de 196 a 172 litros anuales.

Un aumento de $3.00 por litro originaría una recaudación equivalente a 103% del gasto en diabetes, y una reducción en el consumo per cápita de 196 litros a 122.

Estimaron que el impuesto que permitiría cubrir con exactitud los gastos en diabetes sería de $2.80 por litro. De igual manera, consideran que un impuesto al refresco será capaz de salvar unas 2,600 vidas al año, así como evitar 8,000 derrames cerebrales y 240,000 casos de diabetes anuales.

De acuerdo con Yuritzin Flores Puig, Gerente de Campañas de Oxfam México el establecimiento de un impuesto a los refrescos dirigido a proveer de agua potable purificada a los mexicanos ayudaría a la disminución de consumo de agua embotellada, ya que también nos hemos convertido en el país con mayor consumo per cápita de botellas de agua; el consumo en México por persona llegó a 234 litros al año, el doble de consumo que los estadounidenses (110 litros) y se encuentra muy por encima del de España (119 litros); el volumen representa el 13% de las ventas mundiales de agua embotellada. Los costos en términos del gasto familiar y el impacto ambiental también son altos.

Además, ese impuesto al refresco serviría para enfrentar la gran desigualdad que existe en la disponibilidad de agua para las comunidades más pobres, señaló Víctor Suárez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo y explicó que de acuerdo con los resultados del XIII Censo de Población y Vivienda, INEGI 2010, “10 millones de personas no cuentan con servicio de agua potable y 11.5 carecen del servicio de alcantarillado, cifras que representan el 9.1% y 10.4% de la población, respectivamente. De los 10 millones de personas que no cuentan con servicio de agua potable, 6.3 millones pertenecen a zonas rurales y 3.7 a zonas urbanas. En las zonas más pobres y donde la cobertura de agua es la más baja, como Chiapas, Guerrero y Oaxaca se presentan uno de los mayores consumos de refrescos. La aplicación del impuesto serviría para enfrentar la gran desigualdad que existe en la disponibilidad de agua”.

La mayor parte de las escuelas del país carecen de agua purificada. En el Distrito Federal sólo el 8.6% de los planteles de educación preescolar cuentan con bebederos; de los planteles de educación primaria, sólo el 14.4% (385 de 2,665 escuelas); y de educación secundaria, sólo el 6% cuenta con bebederos (61 de 1,001). De un total de 4,555 escuelas de los tres niveles, solamente 523 escuelas cuentan con bebederos, es decir, solamente 11.48%.

Claudia Campero de la Coalición de Organizaciones por el Derecho al Agua, señaló que la Constitución establece que: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”. La falta de acceso agua para beber se sustituye frecuentemente por refrescos o bebidas azucaradas. “Es obligación del estado garantizar el derecho a agua potable para que las personas puedan cuidar su salud”, puntualizó.

En tanto, Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México citó que la Constitución también señala que: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Asimismo, con base en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Estado mexicano en 1990, niños y niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

Al respecto Alejandro Calvillo, nuestro director de El Poder del Consumidor, dijo que “El sexenio de Felipe Calderón termina con alrededor de medio millón de muertes por diabetes, 33% más que con el sexenio de Vicente Fox. Las familias de bajos ingresos utilizan el 25.6% de su gasto anual para atender la diabetes, mientras que las de ingresos altos destinan el 2.6%. El costo total de la diabetes en México pasó de $2,970 millones de pesos en el 2003 a $8,836 millones en el 2010, un aumento de más de 290% en solamente siete años”.

Víctor Suárez comentó que “la falta de acceso a agua y de orientación alimentaria ha provocado que el 7.5% del gasto en la canasta básica alimentaria urbana en promedio y 12% de la canasta básica alimentaria rural corresponde a compra de refrescos, cuyo consumo dentro del patrón alimentario es más frecuente que el de productos como leche, frijoles y arroz. El gasto estimado por consumo de refresco en el país fue de $176,233.5 millones de pesos anuales, resultado de un consumo anual per cápita de 196.1 litros; es decir, alrededor de 537 mililitros diarios, y dado un precio promedio por litro de $8.00. Esto da una idea de la entrega que se ha hecho a las grandes empresas”.

Los representantes de las organizaciones no gubernamentales dijeron que México cuenta con una población escolar de más de 26 millones, entre tres y 14 años en total, lo cual representa un 23.46% de la población total del país. Si se instalara un filtro por cada 30 alumnos, considerando filtros de gran calidad para regiones donde el agua escasea y requiere de un buen sistema de purificación, el gasto total sería de 2.6 mil millones de pesos, una octava parte de los que se estima se recaudaría con un impuesto del 20% al refresco y el resto debería dedicarse a la atención de la obesidad, diabetes y sus consecuencias así como a políticas preventivas.

Añadieron que los mexicanos “nos hemos convertido en los mayores consumidores de refrescos en el mundo, con un promedio de 163 litros por persona al año. El gasto en refrescos aumentó 40% en solamente catorce años, entre 1984 y 1998 de acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública. En el 2006, 8% del gasto en alimentos se destinó a refrescos”, concluyeron.

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