Contra especuladores y grandes evasores

11 enero, 2010 | : Empresas

11 enero 2010. Frente a la escalada de precios y la pérdida de poder adquisitivo del salario, la coalición de Consumidores exige al gobierno una política fiscal y de precios que sea integral y subsidie únicamente a los que lo necesitan, e imponga impuestos proporcionales a los que tienen mayores ingresos.

En ese sentido condena que, por el aumento en las gasolinas del 2%, la autoridad permita la especulación de productores y comerciantes quienes han incrementado los precios en 10, 20 y 30%.

Consumidores demanda que si el gobierno no está en condiciones de controlar la especulación que ha desatado el aumento al precio de la gasolina, entonces lo retire. Asimismo, le exige a la Procuraduría Federal del Consumidor hacer públicos los comparativos de precios a escala nacional y estatal, y exhibir a los especuladores.

En el caso de las gasolinas, los subsidios deben dirigirse a los usuarios del transporte público y no a los automovilistas, que representan a menos del 20% de la población. De hecho, se estima que el 67.6% del subsidio a las gasolinas va a los sectores con mayores ingresos (deciles VIII, IX y X).

Una visión integral de la política fiscal y de precios canalizaría los subsidios a quienes lo requieren y permitiría reducir el colapso vial generado por el creciente parque vehicular, así como bajar el consumo de combustibles y de emisiones contaminantes, los cual apoyaría las políticas de combate al cambio climático.

Los que ganan con el alza de la gasolina
Entre los beneficiados con el aumento del precio de los combustibles fósiles están los gobiernos estatales, que podrán hacer un uso discrecional de los recursos derivados del incremento.

Por ejemplo, Puebla, Oaxaca y Veracruz (estados donde habrá elecciones en 2010) se llevarán como parte de un fondo “de compensación” 503.8 millones, 370.6 millones y 373.6 millones de pesos, respectivamente. A lo cual se sumará un fondo “como incentivo a la venta final de las gasolinas” por montos de 392.9 millones, 713.1 millones y 1,122.3 millones de pesos, respectivamente.

Por estos mismos conceptos, el gobierno del Estado de México obtendrá 2,504.5 millones de pesos, mismos que el gobernador podría gastar en una campaña de promoción personal.

Consumidores demanda una estricta vigilancia de los recursos públicos y que éstos se canalicen al subsidio de la población de menores ingresos, mejorando y ampliando los sistemas de transporte público, un compromiso que ha tomado México en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y que requieren con urgencia las ciudades del país.

Escalada de precios
El incremento al precio de los combustibles y al gas LP ha detonado un alza desmesurada en el pan, la tortilla, carne y servicios como el transporte. Como contraparte, el incremento del 4.85% al salario es una ofensa a la clase trabajadora.

Además cabe recordar que durante la aprobación del paquete fiscal, en diciembre pasado, el Servicio de Administración Tributaria reportó que alrededor de 400 grandes contribuyentes que en conjunto acumularon ingresos por 4.96 billones de pesos en 2008 (50% del PIB) tienen una contribución fiscal del apenas 1.7% del ISR.

Entre estos grandes contribuyentes están cementeras, tiendas de auto servicio, tiendas departamentales, cadenas automotrices, cerveceras, televisoras, productores de electrodomésticos, empresas de telecomunicaciones, fabricantes de cosméticos, papeleras, procesadoras de alimentos, distribuidoras de maquinarias y equipos, refresqueras, constructoras, operadoras financieras, grupos hoteleros, mineras, cigarreras, empresas de transporte y casas editoriales.

Es por todo lo anterior que Consumidores reitera: si las grandes empresas pagaran impuestos como la mayoría de los causantes, si las prácticas monopólicas fueran combatidas eficazmente, si los consumidores tuviéramos los derechos a actuar de manera colectiva en los tribunales, en México tendríamos mayor competencia, menores precios y mejor calidad en los productos y servicios.

Consumidores es una iniciativa promovida por El Poder del Consumidor, Oxfam México y El Barzón para combatir los monopolios y para defender los derechos de los consumidores.