Relevancia del factor transporte

Es un área clave para combatir el cambio climático

18 marzo 2010. Los compromisos asumidos por México para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero apuntan a un sector clave: el transporte. El creciente consumo de combustibles que ha mantenido por décadas este sector lo ha convertido en uno de los principales responsables de esas emisiones.

En México, el transporte pasó de consumir el 39.95% de todos los energéticos en 1998 al 42.04% en el año 2000; además, en sólo una década -entre 1998 y 2008- el consumo de gasolinas se incrementó en 54%.

Por ello, el sector transporte genera 21% del total de las emisiones de CO2 producidas en el país. Casi la mitad de estas emisiones se concentra únicamente en cuatro regiones: las zonas metropolitanas de Guadalajara, Monterrey, el valle de México, y en las zonas urbanas de la frontera norte.

En el Valle de México el transporte contribuye con 40% de las emisiones locales de gases de efecto invernadero (casi el doble de la media nacional), por arriba de la industria (37%) y el sector residencial y comercial (23%), según los datos del Informe de la Situación del Medio Ambiente, del 2002.

De ahí la urgencia de actuar en el sector transporte, donde la promoción del servicio público ofrece las mayores oportunidades para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El Centro Mario Molina ha estimado que con incrementar el transporte colectivo y hacer eficiente el que ya existe se podrían reducir las emisiones de CO2 en 23 millones de toneladas al año.

Estas acciones resultan apremiantes ante el acelerado proceso de urbanización que vive la sociedad mexicana, pues se estima que para el año 2020 nueve de cada diez mexicanos vivirán en ciudades, 13 de las cuales, según el Consejo Nacional de Población, tendrán más de un millón de habitantes.

Para todos ellos, el transporte será una pieza clave en su calidad de vida ya que de él dependerá que puedan moverse con seguridad, comodidad, rapidez y sin contaminar. Esto implica la adopción de políticas públicas que posean una visión integral, de largo plazo, que conjunte esfuerzos de diversos sectores y que incorpore a especialistas de distintas disciplinas.

Sentido contrario
Desafortunadamente, autoridades federales y gobiernos locales están promoviendo proyectos de transporte que distan mucho de privilegiar los criterios de costo-beneficio, eficiencia, visión integradora y bajo impacto ambiental.

Ante ello surgen preguntas básicas como: ¿A cuántos habitantes y a qué sectores benefician los puentes viales, los segundos pisos, la ampliación de avenidas? ¿A quién beneficia invertir varias veces más en construir una limitada ruta de tranvía, en lugar de varias rutas de autobuses confinados? En otras palabras: ¿A quién beneficia invertir millones de pesos en desarrollar obras y sistemas de transporte que no reducen sustancialmente la contaminación, que son insuficientes, que están mal diseñados, que se articulan en forma deficiente con los otros modos de transporte?

Sin duda hay uno o varios beneficiados, pero ciertamente no son los ciudadanos que necesitan resolver sus problemas de movilidad ni son los programas que buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

De hecho, poco se podrá avanzar mientras las decisiones de transporte sigan al margen de los criterios técnicos y de las propuestas más avanzadas en urbanismo, movilidad y eficiencia que están aplicando por igual los países industrializados y los países en desarrollo. Las experiencias exitosas pasan por países tan distintos como Canadá, Holanda, Corea, Brasil, Colombia, Chile, Turquía o Estados Unidos, con adaptaciones específicas a las necesidades e idiosincrasias locales, pero con una constante: buscar las mejores soluciones de costo-beneficio. En México, autoridades y organismos de financiamiento han privilegiado otros criterios.

Criterio partido
A lo anterior se suman los partidos políticos, que han colocado la polémica partidista por encima de la búsqueda de las mejores soluciones técnicas.

Dentro de esa misma lógica, en las cámaras los legisladores debaten si eliminan o mantienen la tenencia vehicular, sin valorar la importancia estratégica de establecer un nuevo esquema que permita aplicar en forma diferenciada este impuesto a los vehículos de acuerdo a sus emisiones contaminantes, lo cual impulsaría un menor consumo de gasolinas y una reducción de las emisiones.

Asimismo, han preferido respaldar en la asignación de presupuestos las obras viales para automóviles, a pesar de que la gran mayoría de los usuarios se traslada en transporte público y que está demostrado que si una persona viaja en automóvil consume 19 veces más energéticos que si viaja en autobús.

Se requiere avanzar, y rápido, hacia otros niveles de discusión basados en el sustento técnico, el bienestar colectivo, en la valoración costo-beneficio. Es urgente desarrollar, con una visión integral e interdisciplinaria, políticas que nos encaminen hacia el tipo de ciudades que queremos, con sistemas de transporte eficientes y articulados.