Ley anti-obesidad, estrategia de las empresas
19 abril 2010. La mal llamada Ley Antiobesidad, aprobada en Cámara de Diputados el 13 de abril, corresponde a una estrategia implementada por la industria refresquera nacional y la asociación empresarial ConMéxico, en su combate a la regulación que preparan la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud para regular los alimentos y bebidas al interior de las escuelas.
El movimiento Consumidores criticó las deficiencias de la supuesta Ley Antiobesidad y divulgó fotografías que muestran a la promotora de esta iniciativa, la diputada Cristina Díaz Salazar (PRI), participando en campamentos de verano para niños en los que se promocionaba el consumo de Coca Cola. Las imágenes corresponden a 2008, cuando la diputada era presidenta municipal de Guadalupe, Nuevo León. Destaca que este tipo de promoción ocurriera cuando Coca Cola Internacional ya había adoptado el compromiso de no realizar ningún tipo de publicidad entre menores de 12 años.
Por ello, Consumidores, integrado por Oxfam México, El Poder del Consumidor, El Barzón, la Asociación Mexicana por el Derecho a la Información y diversas organizaciones civiles del país, afirma que la iniciativa presentada por la diputada priísta Díaz Salazar, tuvo como objetivo proteger a las empresas refresqueras y dirigir la responsabilidad de la epidemia de obesidad infantil hacia la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, al plantear la obligatoriedad de 30 minutos de ejercicio diario en las escuelas, algo imposible de realizar en las condiciones actuales.
No prohíbe la chatarra
En lo referente a la alimentación al interior de las escuelas, esta iniciativa en ningún momento prohíbe la venta de comida chatarra en las escuelas, como falsamente se difundió en los medios de comunicación.
La iniciativa señala que “en materia de higiene escolar, corresponde a las autoridades sanitarias establecer las normas oficiales mexicanas para proteger la salud del educando y de la comunidad escolar, procurando que los alimentos expendidos en las escuelas tengan un mayor aporte nutrimental, evitando los alimentos procesados altos en grasas y azúcares simples”. La iniciativa no es clara en prohibir ese tipo de alimentos y deja a la autoridad la expedición de normas que procuren y eviten.
ConMéxico confunde
La estrategia empresarial, de ConMéxico en particular, suele presentar propuestas que no son viables, como ésta que establece la obligación de 30 minutos de educación física diarias. Si la jornada escolar no se extiende, las cuatro horas de clases efectivas son insuficientes para cumplir esa obligación. Lo que sí logró fue redirigir la atención que estaba sobre la comida chatarra hacia la SEP y la SS.
La aprobación de la iniciativa en la Cámara de Diputados fue seguida de una inserción pagada en medios por la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas AC en la que intentaron deslindar su parte de responsabilidad en la epidemia de obesidad infantil. El desplegado señala que el consumo de refrescos y aguas carbonatadas en México creció solamente 4.8% entre 2000 y 2009 mientras el sobrepeso y la obesidad en niños de 5 a 11 años aumentó 39.8% en ese periodo. Las empresas evitan señalar que entre 1988 y 2002 el consumo de refrescos aumentó 40%, que México ocupa el segundo lugar del mundo en consumo de refrescos por persona y que ya es el que tiene la mayor ingesta de calorías por persona a través de refrescos.
En opinión de Consumidores, todo lo anterior es parte de una guerra sucia contra la SEP y SS que inició en 2008 cuando el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, presentó las “Recomendaciones sobre Consumo de Bebidas para una Vida Saludable”, que sugieren entre otras medidas no beber refrescos, no ingerir más que medio vaso de jugo y reducir el consumo de leche entre adultos.
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