El Frankenstein regulatorio
Varios gobiernos no avanzan en la implementación de las políticas públicas necesarias para combatir la epidemia de sobrepeso y obesidad por las presiones que ejercen sobre ellos las grandes corporaciones. Existen otras naciones donde prevalece el interés público y el derecho a la salud por encima de los intereses empresariales y donde ya se regulan los alimentos en las escuelas, la publicidad dirigida a menores y se desarrollan etiquetados de alimentos realmente orientadores.
La Union of Concerned Scientists, la agrupación independiente de científicos más importante de los Estados Unidos, que incluye a varios premios Nobel, aplicó recientemente una encuesta a más de 1,700 empleados de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y del Departamento de Agricultura (USDA), concluyendo que el mayor problema que enfrentan estas dependencias es la influencia de las grandes corporaciones. Más de 620 (38%) de los empleados de estas dependencias opinan que “las políticas de salud pública han sido dañadas por el sometimiento de estas dependencias a los intereses económicos”; 330 (27%) señalan que el año pasado conocieron: “casos en dónde la salud pública fue dañada por las empresas que retuvieron información acerca de la seguridad alimentaria a los investigadores de las agencias” y más de 300 (25%) entrevistados de estos organismos gubernamentales declararon que durante el año pasado fueron “testigos de cómo la industria forzó a su institución a destruir o modificar políticas o acciones propuestas para la protección de la salud”.
En México, las empresas hicieron lo mismo con la propuesta original para regular los alimentos en las escuelas. Los expertos del Instituto Nacional de Salud Pública se pronunciaron en contra de las reformas que sufrió la versión original, en la cual habían colaborado. En su comunicado se refieren en dos ocasiones a las presiones de la industria y se pronuncian en contra del cambio que se dio a la regulación permitiendo la entrada de alimentos y bebidas light a los planteles escolares, señalando: “La autorización de su consumo en las escuelas no tiene la aprobación de los expertos en nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública debido a que la evidencia sobre la seguridad de estos productos durante la niñez no es concluyente; es decir, no existe evidencia suficiente sobre la seguridad de los edulcorantes cuando su consumo inicia en edades tempranas y su exposición se da por períodos prolongados”.
El cuerpo de la regulación original fue mutilado en varias ocasiones por las presiones de las empresas que recibieron el apoyo de Cofemer y la Secretaría de Economía. Le quitaron el esqueleto; los listados de alimentos no autorizados. Se extirpó el corazón de la regulación: el criterio de densidad calórica, que evitaría que la comida chatarra pudiera quedarse en porciones menores. Y, por último, le incorporaron un elemento extraño: los edulcorantes artificiales no calóricos. Quedó así un esperpento, un “Frankenstein regulatorio”. El gobierno ha entregado a las empresas un mercado cautivo, el de los escolares, para poder comercializar alimentos y bebidas con edulcorantes artificiales no calóricos, además de permitirles mantener sus productos “chatarra” en porciones un poco más pequeñas. Les permite la creación de consumidores de por vida de alimentos y bebidas light. Esto no sólo representa un riesgo en salud, como lo señalan los expertos del INSP, sino que también crea y mantiene el hábito de consumo de alimentos y bebidas endulzadas que se encuentra en el origen del deterioro de los hábitos alimentarios, causa del sobrepeso y la obesidad. Además, una larga lista de estudios científicos concluyen que los productos light no bajan los índices de sobrepeso y obesidad en la población.
Sorpresivamente, y como resultado de este “Frankenstein regulatorio”, el gobierno nos ha quitado el derecho a los padres a decidir si nuestros hijos consumen o no estos productos, exponiendo a los menores a bebidas y alimentos light en un espacio cautivo. Sólo hay que recordar que el Dr. Córdova Villalobos convocó un grupo de expertos a elaborar las recomendaciones sobre bebidas que él mismo presentó en 2008 y que establecen, en el caso de las bebidas light: “no se recomienda su consumo para preescolares y escolares”, ¿qué o quién lo hizo cambiar de opinión? ¿cuáles serán las consecuencias de este Frankenstein regulatorio?
(Publicado en el diario Reforma, 4 octubre 2010.)