Exigimos presupuesto para acciones colectivas
5 septiembre 2011. La reforma publicada el 30 de agosto para introducir procesos colectivos en defensa de consumidores y el medio ambiente incluye un mandato a la Cámara de Diputados de aprobar el presupuesto que se requiera para que a partir del 1 de marzo del 2012 estén funcionando las acciones colectivas en los juzgados de distrito y que las legitimadas Profeco, Condusef, Cofeco, Profepa y la Procuraduría Federal de la Republica puedan tener la estructura y abogados encargados de presentar demandas colectivas.
Las organizaciones Alconsumidor, Oxfam México, El Barzón y El Poder del Consumidor, que integramos CONSUMIDORES, exigimos que en este periodo de sesiones se apruebe un presupuesto suficiente para dar cabal viabilidad a la justicia colectiva. Se necesitará presupuesto para los juzgados de distrito y para las legitimadas de la administración publica federal que ahora también podrán presentar acciones colectivas.
Sin presupuesto, la reforma quedaría en retórica pues aun cuando los afectados y las asociaciones ahora ya están también legitimadas, es preciso que en la defensa de intereses y derechos difusos las entidades públicas tengan mayor número de abogados litigantes, debidamente capacitados y con los recursos materiales y humanos para poder conducir eficientemente una demanda colectiva.
La Profeco por ejemplo, al decir de la Subprocuraduria Jurídica, sólo cuenta con seis abogados para atender litigios de la Profeco en todo el país, con lo cual se ve inviable una adecuada representación de los consumidores.
Exigimos también recursos para capacitar al poder judicial en forma muy profesional y responsable para que no sean los banqueros y cúpulas empresariales quienes les impartan los cursos como empieza ya a ocurrir. Señalamos que la naturaleza de las acciones colectivas, en esencia, es proteger el interés de la colectividad no los intereses de las empresas.
Profepa, Condusef y Cofeco, que no contaban con la facultad de iniciar juicios colectivos como Profeco, deberán también contar con un presupuesto digno para armar los casos que habrán de defender ante los grandes grupos financieros o industriales y de oligopolios quienes sí cuentan con los recursos necesarios para defender los intereses privados de las demandas colectivas.
Si el presidente está convencido de los grandes beneficios que esta reforma puede traer al estado de derecho y el acceso a la justicia, como lo afirmó en su reciente informe, deberá entonces asegurarse de que en el presupuesto que someta a la Cámara de Diputados se asignen suficientes fondos para instrumentar la referida reforma de acciones colectivas.
Edificar una cultura de legalidad, respeto de los derechos de los consumidores y ciudadanos y del medio ambiente, redundará en el mediano plazo para combatir la impunidad en todas sus variantes. Para ello se requiere de reformas legales, capacitación de recursos humanos, nuevas estructuras e instituciones fuertes. La simple ley per se no logra cambiar prácticas, conductas y abusos si no hay personas, sistemas y organizaciones y difusion, bien concebidos y fondeados que hagan posible el cambio.
¡Exigimos un presupuesto racional para instrumentar la justicia colectiva!
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