Pepsi-Cola y los poderes fácticos
13 julio 2012. Durante años las plantas de Pepsi-Cola de Acoxpa y La Viga contaron con conexiones de “sofisticados dispositivos electrónicos para interferir la operación normal de los equipos de medición, provocando que éstos resgistraran menos energía que la que realmente estaban consumiendo”, señaló un comunicado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) del mes pasado. Con estos equipos sofisticados Pepsi-Cola evitó el pago de más de $100 millones de pesos por concepto de luz a CFE.
Al descubrir este delito, CFE debería haber acudido a la Secretaría de Energía para que además de cobrar el monto, sancionara de manera ejemplar a la empresa, además de acudir a la Securites and Exchange Comission de los EUA que sanciona este tipo de prácticas de las empresas estadounidenses en el extranjero.
Se abrieron indagatorias en la PGR, pero duro poco. CFE llegó a un “acuerdo” con la empresa. Todo quedó en que Pepsi-Cola pagara lo que había robado, incluso, sin intereses, ninguna sanción. La sanción disuasiva no existió, esta empresa y otras podrán hacer lo mismo en el futuro dejando al azar si serán descubiertas o no, lo peor que les puede pasar es que tengan que pagar lo que robaron, nada más, no hay nada que perder y mucho que ganar ante el trato preferencial.
La historia de las principales refresqueras, Pepsico y Coca-Cola ha estado marcada por atentar contra el interés público.
Estas dos empresas, como lo han estado haciendo en todo el mundo, en algunos países con éxito y en otros no, cabildearon fuertemente contra las Recomendaciones sobre Bebidas que en 2008 presentó la Secretaría de Salud.
Las Recomendaciones fueron el resultado de un extenso estudio en el que participaron expertos nacionales y extranjeros que, entre otras cosas, concluía en clasificar a los refrescos como una bebida no recomendable.
México se encontraba, en ese entonces, como el segundo consumidor por persona de refrescos en el mundo, pero para el 2011 pasaría a ser el primero.
Estas Recomendaciones eran complementarias al Plato del Bien Comer y deberían haberse distribuido y publicitado a escala nacional.
Las empresas refresqueras, a través de su cabildeo y presión, se encargaron de que las Recomendaciones se quedaran dentro de los archiveros de la Secretaría de Salud, a pesar de que se habían hecho públicas en un acto encabezado por el ex sectretario de Salud, Córdova Villalobos.
En esos años, del otro lado de la frontera, en los Estados Unidos, Pepsico y Coca-Cola encabezaban el cabildeo en el Congreso para evitar que se legislara a favor de imponer impuestos a los refrescos por el daño que estaban generando en la salud.
Cientos de estudios científicos demuestran una asociación directa entre el mayor consumo de refrescos y un aumento en la incidencia de sobrepeso, obesidad y diabetes.
En 2008 gastaron en cabildeo en el Congreso estadounidense 4.8 millones de dólares. Para 2009 el gasto en cabildeo de la American Beverages Association llegó a $38 millones de dólares, todo con el fin de evitar el impuesto.
En una larga lista de estados de los EUA, y en diversas ciudades, se han desarrollado campañas públicas para informar a la población del impacto sobre la salud que significa el consumo de refrescos.
Estas campañas han provocado una mayor consciencia sobre los daños que representa su consumo para la salud. El gobierno del Distrito Federal ha tenido, desde hace más de un año, una campaña similar, sin embargo, nunca la ha hecho pública.
En México, un año después de su intervención en el Congreso de los EUA, las empresas refresqueras cabildearon contra la propuesta de lineamientos para la venta de alimentos y bebidas al interior de las escuelas de educación básica.
En sus comentarios enviados a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) señalaron que estos lineamientos eran anticonstitucionales, inaplicables y que atentaban contra las libertades.
Centraron su estrategia en que Cofemer echara abajo la propuesta de prohibir las bebidas con edulcorantes artificiales en las escuelas. Querían quedarse en ese mercado, que conforma consumidores de por vida.
Los edulcorantes artificiales, como se había establecido en las Recomendaciones sobre Bebidas, no son recomendables para escolares y preescolares.
Dos argumentos se habían presentado: primero, no existe evidencia científica que demuestre que el consumo regular de estos compuestos, desde temprana edad, no puedan generar un riesgo en salud; segundo, está plenamente demostrado que los edulcorantes no calóricos crean el hábito a los dulce que está en la base del deterioro de los hábitos alimentarios y de gran parte del sobrepeso y la obesidad.
La resolución del conflicto se dio a favor de las grandes refresqueras a través del cabildeo de la Secretaría de Economía que se impuso ante la Secretaría de Salud, después de que el presidente Felipe Calderón decidió que la última palabra la tenía, en este asunto, Ferrari y su subsecretaria Martínez. Como resultado, los edulcorantes no calóricos han inundado las bebidas y los alimentos al interior de las escuelas y todo el mercado fuera de ellas.
Sin que se informe al consumidor, los edulcorantes no calóricos, con el fin de mantener la adicción a lo dulce, se han incorporado en un gran número de productos.
El deterioro de los hábitos alimentarios generados por este tipo de productos está llevando a regulaciones, no sólo en Europa y el norte del continente americano, también en África y Latinoamérica.
En Chile se acaba de aprobar una ley que regula la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia, el etiquetado de estos productos y los alimentos y bebidas al interior las escuelas.
En Costa Rica se aprobó recientemente otra ley para alimentos y bebidas en escuelas.
Y en Perú se está discutiendo en el Congreso otra ley integral que comprende regular el etiquetado, la publicidad dirigida a menores y los alimentos y bebidas en las escuelas.
En México, con los niveles más altos de obesidad en adultos, de sobrepeso y obesidad en niños y niñas, y con un crecimiento desbordado de diabetes, que rebasa la capacidad de los servicios de salud pública, no llegamos a una ley.
El gobierno no se atrevió frente al poder de cabildeo de las empresas.
Nos quedamos en unos lineamientos, una especie de recomendaciones sin sanciones, lineamientos deformados por los intereses corporativos y que se cumplen en un porcentaje menor de los planteles escolares.
El tiempo avanza y no se detiene. De 10 millones de personas con diabetes pasaremos a 20 millones en ocho años.
Mientras tanto, Felipe Calderón, en enero de este año, salió a celebrar públicamente, con el presidente ejecutivo de Coca-Cola, en Davos, Suiza, en el marco del Foro Económico Mundial, la inversión de esta empresa de mil millones de dólares en México en 2012, como parte de un paquete de $5 mil millones en cinco años. ¿Es ésta una buena noticia para México?
En noviembre de 2008, Pepsico anunció también que invertiría $3 mil millones en México durante los siguientes cinco años, en bebidas, sus marcas de alimentos, Sabritas y Gamesa. ¿Son estas buenas noticias para México? ¿Basta que sean inversiones, no importan sus efectos en salud?
El vínculo entre los gobiernos y los poderes fácticos puede significar que un país no tome las medidas necesarias para enfrentar los problemas que se presentan y dejar que estos de conviertan en catástrofes.
La incapacidad del gobierno mexicano en esta materia, como en otras, ha ido avanzando rápidamente en este camino.
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Artículo de Alejandro Calvillo, Director de El Poder del Consumidor, publicado en SinEmbargo.mx > ir
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