Demandamos a diputados bebederos de agua en escuelas
11 diciembre 2012. Organizaciones integrantes de la ALIANZA POR LA SALUD ALIMENTARIA nos manifestamos en la Cámara de Diputados para demandar a los legisladores que apoyen la aplicación de un impuesto a los refrescos y destinar estos recursos a un programa nacional de introducción de sistemas de purificación de agua en las escuelas y en los espacios públicos de las comunidades más pobres del país y así cumplir con este derecho.
Explicamos que en la actualidad a pesar de que en el Diario Federal de la Federación se publicó un decreto en febrero del 2012 donde se señala que “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”, esto no es real, ya que la mayor parte de la población no tiene acceso a agua de calidad.
Yuritzin Flores, Gerente de Campañas de Oxfam, señaló: “10 millones de personas no cuentan con servicio de agua potable y 11.5 carecen del servicio de alcantarillado, cifras que representan el 9.1% y 10.4% de la población, respectivamente. De los 10 millones de personas que no cuentan con servicio de agua potable, 6.3 millones pertenecen a zonas rurales y 3.7 a zonas urbanas. En las zonas más pobres y donde la cobertura de agua es la más baja, como Chiapas, Guerrero y Oaxaca se presentan uno de los mayores consumos de refrescos. La aplicación del impuesto serviría para enfrentar la gran desigualdad que existe en la disponibilidad de agua”.
“En las escuelas públicas la situación también es alarmante, ya que de acuerdo a la Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal informó que de los planteles de educación preescolar sólo el 8.6% (77 de 889 escuelas) cuentan con bebederos; de los planteles de educación primaria, sólo el 14.4% (385 de 2,665 escuelas); y de educación secundaria, sólo el 6% cuenta con bebederos (61 de 1,001). De un total de 4,555 escuelas de los tres niveles, solamente 523 escuelas cuentan con bebederos, es decir, solamente 11.48%” indicó Alma Meneses, coordinadora jurídica de la Red Mexicana por los Derechos de la Infancia (REDIM).
“La mala calidad del agua y la falta de acceso a este vital líquido en las comunidades y escuelas ha provocado un muy alto consumo de refrescos, con todas las consecuencias que esto conlleva, a tal grado que los mexicanos nos hemos convertido en los mayores consumidores de refrescos en el mundo, con un promedio de 163 litros por persona al año, a la vez que es una de las poblaciones con mayores índices de obesidad y diabetes, presentando una de las tasas de mortalidad por diabetes más altas a escala internacional. Se ha comprobado que basta un refresco al día para que el riesgo de obesidad en un niño aumente 60% y con la ingesta de uno a dos refrescos al día el riesgo de diabetes aumenta 25% en la población en general”, señaló Julieta Ponce, directora del Centro de Orientación Alimentaria.
Por eso la importancia de contar con un impuesto al refresco, afirmaron los representantes de las organizaciones sociales. Un impuesto del 20% sobre el precio del refresco provocaría una reducción en el consumo de 163.3 litros por persona al año a 120.9 litros, de acuerdo con la doctora Arantxa Colchero, investigadora en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Salud Pública.
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. La falta de acceso a agua para beber se sustituye frecuentemente por refrescos o bebidas azucaradas. Es obligación del Estado garantizar el derecho a agua potable para que las personas puedan cuidar su salud.
Alma Meneses, de REDIM, añadió: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Asimismo, con base en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Estado mexicano en 1990, niños y niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.
Los representantes de las asociaciones civiles llevamos a la Cámara de Diputados un purificador de agua que podría ser instalado en todas las escuelas del país y que no absorbería más del 15% de lo recaudado por el impuesto al refresco. El costo del litro de agua en este sistema es de únicamente ¢2 centavos.
Demandamos a los legisladores ser sensibles ante el grave problema de obesidad y sobrepeso, y ya no permitan más muertes por diabetes, y discutan y apruebe el impuesto a los refrescos, ya que esta medida a mediano plazo ayudaría no sólo a la salud sino también a la economía, ya que se estima que las familias de bajos ingresos utilizan el 25.6% de su gasto anual para atender la diabetes, mientras que las de ingresos altos destinan el 2.6%. “El costo total de la diabetes en México pasó de $2,970 millones de pesos en el 2003 a $8,836 millones en el 2010, un aumento de más de 290% en solamente siete años”, señaló Alejandro Calvillo, nuestro director de El Poder del Consumidor.