Sin acciones contra obesidad a 100 días de gobierno
12 marzo 2013. A pesar de que la obesidad es el principal problema de salud en México y provoca al año la muerte de 90,000 personas por diabetes, en los primeros 100 días de la actual administración federal, ni el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ni la secretaria de Salud, Mercedes Juan López, han presentado alguna política pública para atender y atacar de fondo esta epidemia que amenaza con colapsar el sistema de salud, si no hay atención inmediata.
Organizaciones integrantes de la ALIANZA POR LA SALUD ALIMENTARIA –de la que El Poder del Consumidor forma parte– señalaron que en estos primeros meses de gobierno se han presentado iniciativas y programas que van desde el combate al hambre hasta nuevas leyes y reformas a las mismas, pero tal parece que “las autoridades se han olvidado del problema de obesidad y sobrepeso que está afectando a siete de cada 10 adultos y a uno de cada tres niños”, lo cual, dijeron, además de los daños a la salud genera gastos enormes en la atención médica.
Alertaron que si el gobierno de la República no actúa de inmediato y a profundidad para la prevención de la obesidad, para 2017 los gastos para atender esta epidemia alcanzarán entre $150,000 y 200,000 millones de pesos y las muertes anuales por diabetes podrían alcanzar los 700,000 decesos.
En los últimos seis años murieron, en números redondos, 500,000 personas a causa de la diabetes, asociada a la obesidad. Además, esta enfermedad también es la principal causa de amputaciones y ceguera en la población económicamente activa en México. La mortalidad provocada por la obesidad no sólo incluye los decesos por diabetes, también accidentes cardiovasculares, infartos al miocardio, insuficiencia renal y diversos tipos de cáncer.
Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, declaró “que la situación actual que vive nuestro país en materia de salud es una expresión clara de la violación al derecho a la alimentación, al agua, a la salud y a la vida de los mexicanos”.
Por otra parte, la Academia Nacional de Medicina, con el aval de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Nacional de Salud Pública, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, la Academia Mexicana de Cirugía y la Academia Nacional de Pediatría, presentaron recientemente un extenso estudio denominado ‘Obesidad en México: recomendaciones para una política de Estado’, donde formulan una serie de acciones en todos los niveles de gobierno para combatir de fondo la epidemia de la obesidad, acciones que coinciden con las que han propuesto las organizaciones que integran la ALIANZA POR LA SALUD ALIMENTARIA.
Los integrantes de la ALIANZA POR LA SALUD ALIMENTARIA demandamos al gobierno de la República y a la Secretaria de Salud para que tomen una decisión y de manera urgente, se incluya en el Plan Nacional de Desarrollo los objetivos y acciones planteadas por la sociedad civil, académicos y especialistas, para combatir la obesidad con el fin de que se asignen los recursos suficientes para su logro.
Además, señalamos que la mayor parte de las medidas contra la obesidad no han sido implementadas “por la oposición de los poderes fácticos”. Sin embargo, dijeron, gobierno y partidos políticos se comprometieron en el Pacto por México a enfrentar la influencia de los intereses fácticos que “reta a la vida institucional del país y se constituye en un obstáculo para el cumplimiento de las funciones del Estado mexicano”, por lo que dijeron, “esperamos que prevalezca el interés público sobre el privado”.
Finalmente, reiteramos la urgencia de modificar el ambiente obesigénico, y recordaron cuáles son las recomendaciones en las que coinciden tanto la sociedad civil, como la academia y la Organización Mundial de la Salud:
1. Etiquetados en los alimentos y bebidas que realmente orienten a los consumidores para hacer elecciones saludables;
2. Regular la publicidad de comida chatarra dirigida a la infancia;
3. Acceso exclusivo a alimentos saludables en las escuelas;
4. Garantía de acceso a agua potable en escuelas, edificios públicos y centros comerciales;
5. Medidas fiscales para favorecer el acceso a alimentos saludables y desincentivar el consumo de bebidas y alimentos no recomendables;
6. Campañas efectivas de promoción de la lactancia materna y de orientación alimentaria.