Si se queda en papel la declaratoria de emergencia epidemiológica por obesidad y diabetes se convertirá en acta de defunción

22 noviembre, 2016 | : Prensa, Propuestas, Salud, Salud nutricional

• Nos sumamos a la demanda de que la declaratoria de emergencia epidemiológica por obesidad y diabetes no quede sólo en papel.
• Es una irresponsabilidad de los legisladores al no haber destinado los recursos del impuesto a las bebidas azucaradas para la prevención y el acceso a agua potable como ha estado estipulado en la ley de Ingresos de 2015, 2016 y 2017.

22 noviembre 2016. La Alianza por la Salud Alimentaria —de la que somos parte— pide que la declaración de emergencia epidemiológica por obesidad y diabetes no se quede en una simple declaración y comprenda la revisión inmediata de la Estrategia Nacional para la Prevención del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, al tiempo que señaló la falta de congruencia del poder Legislativo de no destinar recursos suficientes para la prevención de estas epidemias que han colapsado el sistema de salud pública del país.

El 20 de junio de 2011 y tras concluir una misión especial de 7 días, el relator especial de Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación, Olivier de Shutter, invitado por el gobierno mexicano, recomendó declarar emergencia nacional por la epidemia de obesidad. Transcurridos 5 años de esta visita, de manera tardía y con un aumento acelerado de muertes por diabetes, la Secretaría de Salud finalmente decreta la emergencia epidemiológica por obesidad y diabetes en México.

La Alianza por la Salud Alimentaria pide la inmediata revisión de la estrategia del gobierno mexicano, de manera especial las regulaciones encaminadas a la prevención de estas enfermedades:

1. Establecer un etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas que presentan altos contenidos de azúcar, grasas y sal, siguiendo los criterios nutricionales recomendados internacional y regionalmente.
2. Ampliar a profundidad la regulación de la publicidad de alimentos altos en azúcar, grasas y sodio a la que se exponen los niños en todos los medios y prohibiendo todas las herramientas de engaño y manipulación (juguetes, promociones, personajes).
3. Realizar una campaña pública de información sobre la regulación de alimentos y bebidas en las escuelas, vigilar su cumplimiento y sancionar a las escuelas que la violen.
4. Acelerar el proceso de instalación de bebederos en las escuelas con sus sistemas de operación. Transparentar el uso de estos recursos y hacer accesible la información sobre las escuelas beneficiadas.
5. Garantizar un presupuesto específico para la implementación de las acciones establecidas por la estrategia.

La Alianza por la Salud Alimentaria señaló la irresponsabilidad de los legisladores al no haber destinado los recursos del impuesto a las bebidas azucaradas para la prevención y el acceso a agua potable como ha estado estipulado en la ley de Ingresos de 2015, 2016 y 2017, así como no haber enfrentado esta emergencia epidemiológica de manera preventiva con acciones normativas puntuales y con un presupuesto razonable y progresivo al sector salud y preventivo en el país.

“Esta es una emergencia epidemiológica que no se resolverá en años, para la cual no hay vacuna. Se requiere una política de fondo, que enfrente fuertes intereses económicos, estableciendo regulaciones efectivas, una política que incluya no sólo a salud y educación, que incorpore a agricultura y economía, dirigida a garantizar la producción y acceso a alimentos saludables, acompañada de una campaña nacional que revalore nuestros alimentos. De lo contrario, esta declaración quedará como tal y no irá a ningún lado. Necesitamos profesionales de la política pública con liderazgo para enfrentar esta emergencia epidemiológica como lo hemos demandado por años”, señaló Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor.

Por su parte, Luis Manuel Encarnación, coordinador de la Coalición ContraPESO, declaró: “La declaración de emergencia de la Secretaría de Salud llega muy tarde y no presenta soluciones integrales. Si bien delinea acciones en materia de acceso a mecanismos de detección oportuna y de integralidad en los tratamientos de aquellos que ya fueron diagnosticados con diabetes, deja de lado las acciones estratégicas en materia de prevención. Como lo mencionamos, es fundamental que esta declaratoria incluya un compromiso más fuerte de las autoridades de salud para fortalecer las regulaciones incluidas en la estrategia gubernamental contra la obesidad y que éstas estén basadas en las necesidades de la población mexicana, pero también en las más recientes recomendaciones de expertos nacionales e internacionales. El aumento en 5% de las muertes por diabetes entre 2014 y 2015, de 94 a 98 mil muertes al año es un a alerta que no podemos ignorar, por lo que el tipo de respuesta que den el gobierno federal y la Secretaría de Salud tiene la capacidad de frenar este problema o de agravarlo”.