Derechos a la educación y a la información
Derecho a la educación. El Estado está obligado a realizar campañas educativas dirigidas a los consumidores, para garantizar que conozcan plenamente sus derechos a la salud, a obtener precios justos, a elegir libremente, a la equidad, a recibir información sobre los productos y servicios y sus riesgos, y a la reparación en caso de daños.
El derecho a la educación es fundamental frente a los miles de millones de pesos que son invertidos en anuncios publicitarios profundamente engañosos que, en el caso de México, están muy débilmente regulados.
La Ley Federal de Protección al Consumidor establece el derecho a la educación de los consumidores y faculta a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco) para realizar programas de difusión y capacitación acerca de los derechos del consumidor, así como para promover y realizar programas educativos y de capacitación en materia de orientación al consumidor (art.24).
Sin embargo, esta labor ha sido casi inexistente ante la mayoría de los problemas asociados al consumo. Un ejemplo es el cambio en los hábitos alimenticios al incrementarse en forma dramática el consumo de comida chatarra, con los impactos que esto provoca en la salud, sobre todo con el incremento del sobrepeso y la obesidad en la población mexicana. La obesidad y el sobrepeso están asociados en forma directa con el hecho de que la diabetes ya es la principal causa de muerte en México y el mayor reto en la política de salud pública. A pesar de ello, la Profeco se mantiene ausente.
La labor de educación acerca de los derechos del consumidor y sobre los riesgos de ciertos hábitos de consumo debe ser también responsabilidad de las autoridades de educación y salud, como lo es ya en varias naciones. En el caso de la Secretaría de Educación debería ser obligatorio su compromiso de educar contra la obesidad infantil y de prohibir la venta de comida de baja o nula calidad nutricional en los centros educativos, además de alertar respecto a los impactos en la salud que provocan productos con alto grado de acidez y con gran contenido de sodio.
Derecho a la información.- El derecho a la información se ha convertido en una demanda central de la lucha de los consumidores en todo el mundo. En México, el capítulo III de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece este derecho. Es necesario partir del principio de que la información plena sobre los productos y servicios es básica para poder realizar un acto de elección de manera consciente. Con el acelerado desarrollo tecnológico y la introducción de nuevos productos y riesgos, el derecho a la información es una demanda constante y nunca cumplida en su cabalidad.
El consumidor tiene derecho a conocer la composición de los productos, las características de los servicios, su calidad, su precio real y los riesgos que pueden representar. Como en otros ámbitos, es significativa la diferencia en cómo se ejerce este derecho en diversas regiones del mundo.
Mientras en Europa, a partir de una demanda de los consumidores, se prohibió el uso de antibióticos y hormonas para el crecimiento en los animales a fin de evitar su presencia en los alimentos de consumo humano, en los Estados Unidos y en México el uso de estos elementos es masivo y no requiere ser mencionado en el etiquetado de los productos. Otro ejemplo: mientras en Europa los consumidores pueden ejercer su derecho a elegir entre productos que contienen transgénicos y los que no los contienen, porque están etiquetados, en Estados Unidos y en México este derecho no existe porque no se ha impuesto el etiquetado obligatorio a los productos que contienen transgénicos o sus derivados.
Por otro lado, los daños a la salud de la población mundial provocados por sustancias químicas liberadas sin evaluar previamente sus impactos lleva a la necesidad de aplicar el Principio Precautorio, es decir, a la necesidad de evitar la introducción de nuevos productos, sustancias o compuestos que pudieran representar un daño a la salud o al medio ambiente en tanto no se demuestre que no tendrán un impacto negativo a corto, mediano o largo plazo.
Si esto no ha sido notificado oportunamente a los consumidores es porque no se ha cumplido el derecho a la información, a lo cual se han opuesto los fuertes intereses económicos que han influido en los órganos reguladores y el poder legislativo, a través de poderosas agencias de relaciones públicas, para limitar la información que pueden obtener los consumidores, sabiendo que esto podría influir sobre el éxito económico de sus productos o servicios.
Por lo anterior, se requiere de un ejercicio eficiente del poder de los consumidores para cambiar esta situación y poder ejercer plenamente el derecho a la información sobre los productos y servicios.
También tienes estos derechos:
> Derechos del consumidor.
> La efectiva prevención y reparación de daños.