El etiquetado de advertencia aprobado fue resultado de la participación democrática de todos los sectores y con apego a la mejor evidencia científica

Octágonos de etiquetado frontal de advertencia

  • Existe prueba documental que acredita el proceso de la NOM-051 como uno de los más democráticos y participativos.
  • La industria de alimentos y bebidas alcohólicas venía acostumbrada a que sus intereses prevalecieran, a que la autoridad defendiera sus intereses, no la salud.

29 enero, 2020. El grupo de trabajo para la modificación de la NOM-051 sobre etiquetado de alimentos y bebidas inició sus trabajos desde el 14 de agosto de 2019 con la participación de todos los sectores y, en especial, con una amplia representación de la industria que nunca fue limitada. Los registros de asistencia harán notar que más del 60% de los asistentes fueron miembros de este sector.

Se lograron consensuar más del 98% de los numerales entre todos los sectores. Queda constancia de este consenso en las actas firmadas al final de cada una de las sesiones. Las protestas presentadas por los dirigentes de las asociaciones empresariales de que no eran escuchados en el grupo de trabajo y que se expusieron al director general de Normas de la Secretaría de Economía quien llevó estos trabajos fue desmentida por los propios representantes del sector empresarial en el grupo de trabajo.

Una abundante evidencia científica para soportar los diversos aspectos de la modificación de la norma fue entregada en cada una de las sesiones por parte de la academia y, de inmediato, compartida a todos los miembros del grupo de trabajo.

Por su parte, la industria entregó otra evidencia, que en algunos casos, se demostró eran investigaciones financiadas por empresas. Se podrá tener acceso a esta evidencia una vez publicada la norma.

El proceso de modificación de la NOM-051 fue cuidadosamente llevado, de forma que todos los asistentes pudieran participar.

En este proceso coincidieron en la propuesta de modificación las instituciones gubernamentales, los institutos de salud, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), los organismos de Naciones Unidas (OPS y Unicef) y las asociaciones civiles libres de conflicto de interés.

El proceso de modificación de la norma contrasta profundamente con el proceso que se llevó en el pasado con el etiquetado frontal que existe actualmente, conocido como GDA (Guía Diaria de Alimentación). El GDA que se estableció de manera obligatoria en 2014, lo comenzó a utilizar la industria de alimentos y bebidas en 2010 – 2011 de forma voluntaria. Para su establecimiento de manera obligatoria no se realizaron grupos de trabajo, tampoco se realizó una consulta pública. Se estableció el GDA a pesar de denuncias en su contra y posturas críticas de organismos internacionales y de instituto nacionales de salud.

“La industria de alimentos y bebidas se acostumbró a tener la complicidad de las autoridades de Economía, Salud y Cofepris para establecer su propio etiquetado frontal como obligatorio sin grupos de trabajo, para establecer una regulación de la publicidad dirigida a la infancia, que resulto en una simulación ―no contempla los programas y horarios de mayor audiencia infantil―, y para que no se implementara una verdadera regulación para alimentos y bebidas en escuelas. La oposición a este nuevo etiquetado era previsible, como lo han hecho en el pasado en otras naciones y en nuestro propio país”, declaró Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor —organización integrante de la Alianza por la Salud Alimentaria.

La postura de la industria contra las regulaciones que afectan sus intereses se evidenció en México desde 2009 – 2010 cuando públicamente se opuso a la regulación de alimentos y bebidas en las escuelas, habiendo estudios que demostraban que la ingesta de calorías al interior de los planteles escolares era un factor en el desarrollo del sobrepeso y la obesidad entre los niños.

La industria envío sus comentarios a la entonces Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) señalando, como lo hicieron diversas asociaciones empresariales y empresas, que se trataba de una medida anticonstitucional. Fue entonces, que modificando los criterios originales de la regulación, entró la microchatarra a las escuelas, con la complicidad de la Cofemer.

“La crítica al nuevo etiquetado de advertencia por parte del sector empresarial es similar a la que desarrollo en Chile y en Perú. Es una historia ya muy bien conocida”, señaló Ana Larrañaga, coordinadora de la coalición ContraPESO —también organización integrante de la Alianza por la Salud Alimentaria—. “En todos los países en los que esta medida ha sido impulsada, los gobiernos y organizaciones se han enfrentado a una industria que desconoce por completo la evidencia científica y busca imponer a toda costa sus intereses privados por encima de la salud poblacional. México sí escuchó a todos los sectores, pero se tuvo claro que la prioridad debería ser beneficiar a los consumidores”, concluyó.

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