“La industria de ultraprocesados y bebidas azucaradas no puede seguir ganando a costa de los derechos humanos a la salud y la alimentación adecuada”: foro virtual de expertos de Colombia, Chile, Perú, México y Uruguay
- Damos a conocer revelador análisis de cómo la industria de ultraprocesados y bebidas azucaradas opera en la región de América Latina para frenar el etiquetado de advertencia mediante la investigación “La interferencia de la industria es nociva para la salud”, realizada por el CAJAR de Colombia y el Poder del Consumidor de México.
- Expertos denuncian las estrategias y malas prácticas que obstaculizan la implementación del etiquetado frontal de advertencia que informe de manera clara y veraz cuando un producto contiene en exceso calorías o algún nutriente crítico como azúcar, grasas saturadas o sodio.
- Se brindan recomendaciones y exhortos a los tomadores de decisión de los países de la región, y el Poder Judicial, de operar con transparencia y a favor del interés público.
30 septiembre, 2020. América Latina es una de las regiones del mundo más afectadas por el incremento desmedido del sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles (ENT), como la diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que en la región 8 de cada 10 personas mueren por alguna enfermedad no transmisible, pero lo más grave es que el 35% son muertes precoces que ocurren en personas entre 30 y 70 años.
Entre las causas principales de esta situación se encuentra el alarmante incremento en el consumo de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas en la región.
Con el fin de combatir estas tendencias, organizaciones de la sociedad civil, académicos y organizaciones internacionales, han recomendado la adopción de un etiquetado frontal de advertencia que señale de manera clara, veraz y legible cuándo un producto contiene en exceso algún nutriente crítico como azúcar, grasas saturadas o sodio.
En los países de América Latina en los que se han impulsado estas medidas, las malas prácticas corporativas denominadas como interferencia de la industria han logrado, en la mayor parte de los casos, bloquear las medidas o bien reducir sus alcances, afectando los derechos humanos.
Por tal razón, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), en colaboración con El Poder del Consumidor, realizamos la investigación: La interferencia de la industria es nociva para la salud, que evidencia cómo la industria de ultraprocesados y bebidas azucaradas ha operado en América Latina para obstaculizar el goce efectivo de los derechos a la salud y a la alimentación, enturbiar el debate democrático y, consecuentemente, socavar el interés público al darle preponderancia a los intereses de los grandes poderes económicos en detrimento de la ciudadanía.
Durante el Foro virtual “Etiquetado frontal de advertencia e interferencia de la industria: Experiencias en América Latina”, en donde se presentó la investigación, expertos de Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay, evidenciaron las principales estrategias de la industria presentes en esos países: cabildeo en el Congreso, pago de expertos con conflicto de intereses, cooptación de medios de comunicación, difusión de argumentos que generan miedo económico, captura de espacios de decisión política, práctica de “puertas giratorias” entre el sector público y privado, y el uso indebido de demandas judiciales.
Los investigadores que participaron en la realización del documento destacan que la interferencia garantiza el aumento de las ganancias, beneficia el interés particular y privado, las actividades por medio de las cuales logran afectar el interés público, la democracia y los derechos humanos.
Yessika Hoyos, co-coordinadora de la investigación, del CAJAR, reveló que en Colombia desde 2017 “la interferencia es triunfante y los derechos negados”, con el agravante que “de cara a las elecciones de 2018 la industria de comestibles ultraprocesados y bebidas azucaradas aportó grandes sumas de dinero a candidatos presidenciales, al Senado, la Cámara de Representantes y directamente a varios partidos. Esta financiación de la industria a políticos genera grandes riesgos de situaciones de conflictos de interés”.
Por su parte, Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, declaró: “En México vivimos durante 6 años la imposición de un etiquetado diseñado por la industria que ni los estudiantes de nutrición podían interpretar y con un criterio de azúcar que representaba una amenaza a la salud. El Poder Ejecutivo actuó en contubernio con la industria, así como el legislativo durante varias administraciones. Con el cambio de gobierno en 2018 se pudo avanzar en un nuevo etiquetado frontal de advertencia, sin la interferencia de la industria, diseñado con la mejor evidencia científica y la colaboración de la academia, de los organismos de Naciones Unidas, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía y la sociedad civil”.
La investigación concluye con una serie de recomendaciones hacia los diferentes actores involucrados en el proceso de la aprobación e implementación del etiquetado frontal de advertencia.
Los tomadores de decisiones de los distintos niveles deben evitar colaborar con las estrategias de interferencia de la industria de ultraprocesados y bebidas azucaradas. Esto implica rechazar todo tipo de acciones orientadas a bloquear, obstaculizar, aplazar, dilatar o entorpecer la adopción de políticas públicas de salud y alimentación, como el etiquetado frontal de advertencia políticas de alimentación saludable en las escuelas, impuestos saludables, entre otras.
Por su parte, los legisladores deben priorizar la pronta aprobación de medidas orientadas a proteger el derecho a la salud y la alimentación adecuada, como el etiquetado frontal de advertencia y evitar el cabildeo corporativo de la industria de ultraprocesados que busca interferir con políticas de salud pública y alimentación adecuada.
El Ejecutivo debe evitar dinámicas de cogobernabilidad con la industria de ultraprocesados y bebidas azucaradas en materia de políticas de salud y alimentación.
Los procesos de formulación, monitoreo y evaluación de estas políticas deben estar abiertos a la participación amplia de actores de la sociedad civil sin conflictos de interés.
Finalmente, la industria de ultraprocesados y bebidas azucaradas debe dejar de interferir en la formulación, monitoreo y evaluación de políticas públicas de salud y alimentación como es el etiquetado frontal de advertencia y debe aceptar que su lugar en la discusión sobre estas medidas es el ser regulado.
La investigación puede ser consultada en el sitio: https://colectivodeabogados.org/interferenciaetiquetado/index.html
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