Coca-Cola, PepsiCo, y Nestlé capturaron al gobierno mexicano anterior a través de asociaciones público privadas

11 marzo, 2024 | : Prensa, Salud, Salud nutricional

Banner del webinar Asociaciones público-privadas: una estrategia de las industrias para obstaculizar políticas públicas de salud

  • Las entidades públicas que realizan alianzas con corporaciones privadas difícilmente van a implementar políticas que las afecten.

11 marzo, 2024. Una investigación publicada en el International Journal of Health Policy and Managment revela la asociación entre las grandes corporaciones y el gobierno mexicano en la implementación de programas de salud, alimentación y nutrición en México. Esta investigación muestra cuatro programas gubernamentales en los cuales Coca-Cola, PepsiCo y Nestlé tuvieron una participación activa en la implementación y evaluación de dichos programas. Estas iniciativas forman parte de las estrategias para capturar y neutralizar las políticas de salud al crear estas asociaciones con entidades que deberían regular a estas corporaciones. Difícilmente una entidad pública que realiza una alianza con una corporación privada va a implementar políticas que afectan a esa corporación.

La investigación Asociaciones público-privadas en México: Implicaciones para la gobernanza en salud pública de nutrición, liderada por la doctora Ángela Carrriedo, de World Public Health Nutrition Association (WPHNA), demostró que a través de las asociaciones público-privadas (APPs) las grandes corporaciones de productos ultraprocesados han establecido un vínculo cercano con los tomadores de decisión, lo que tiene impacto en la gobernanza de las políticas públicas en salud alimentaria. El estudio se centra principalmente en cuatro programas de alimentación y nutrición llevados a cabo en el periodo de 2012 a 2018.

La investigación resalta cuatro APPs:

1) “Centros de Hidratación”, patrocinados por Coca-Cola, con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud;

2) “Agua, saneamiento y salud”, un proyecto de alcance nacional promovido por PepsiCo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua);

3) “Ponte al 100”, una iniciativa lanzada por Coca-Cola con la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade); y

4) “Nestlé por niños saludables / Nutrir” un proyecto promovido por Nestlé con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud.

Estas APPs descritas en el documento tenían tres mecanismos de operación:

1) El sector privado se suma a una acción pública, pero sólo para una parte específica o fase de ejecución del programa (también enmarcado como donaciones);

2) El sector privado presenta un proyecto en sus propios términos. El socio público tiene muy poca influencia en el diseño, pero tiene libertad de acción (para ejecución); y

3) El sector privado es el principal diseñador, ejecutor y tomador de decisiones. El gobierno se convierte en un instrumento para el logro de los objetivos corporativos/privados.

Los resultados encontrados resaltan que las APPs examinadas contaban con mínima información pública disponible sobre su duración, evaluación, impacto y gobernanza, es decir, se evidencia la opacidad en los procesos de participación de las industrias, además, la gobernanza en torno a las APPs estudiadas fue débil. No se siguieron principios claros, de manera consistente y transversal entre los socios, incluyendo los de rendición de cuentas, transparencia, equidad, participación, integridad y credibilidad, entre otros. No se tuvo acceso, como lo establece la ley, a la operación de los recursos públicos. Sin embargo, estas APPs funcionaron como estrategia de publicidad por parte de las marcas hacia los beneficiarios de los programas y en sus reportes de responsabilidad social empresarial que forman parte del maquillaje corporativo.

Las autoras y autores del estudio hacen hincapié en distintas recomendaciones internacionales para blindar las políticas y programas de salud de la participación del sector privado, en las que se encuentran:

  • Evitar por parte de las instituciones públicas el involucramiento con corporaciones nacionales o transnacionales de alimentos y bebidas, particularmente las APPs de alimentación, nutrición y acceso al agua.
  • Las entidades públicas deben buscar soluciones de financiación alternativas para los programas y proyectos relacionados con la alimentación, la nutrición y el acceso al agua.
  • En general, mejorar normas y regulaciones nacionales sobre transparencia fiscal y sobre prácticas no promocionales en casos de participación en APPs.
  • Garantizar que el derecho humano a una alimentación y nutrición adecuada esté protegida frente a cualquier interés comercial cuando el gobierno realice acuerdos con socios privados.

En el webinar “Asociaciones público-privadas: una estrategia de las industrias para obstaculizar políticas públicas de salud” participaron la doctora Ángela Carriedo, autora principal del estudio, y secretaria de Políticas en la World Public Health Nutrition Association, la doctora Camila Maranha, investigadora de la Universidad Federal Fluminense de Brasil, y Christian Torres, coordinador del área de conflicto de interés e interferencia de la industria de El Poder del Consumidor.

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Sobre las autoras de la investigación:

Ángela Carriedo cuenta con un Doctorado en Salud Pública y Políticas de Salud, experta en salud pública y políticas alimentarias con más de 15 años de experiencia global en el campo y en la comprensión profunda de la crisis global de las enfermedades no transmisibles y los determinantes comerciales de la salud. Actualmente, es investigadora senior de Salud Pública y activista en Corporate Accountability, es editora asociada de Nutrición en Salud Pública en Cambridge University Press & Assessment, secretaria de Políticas, World Public Health Nutrition Association.

Enaí Ojeda es maestra en salud pública y nutrición, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y consultora independiente para agencias nacionales e internacionales. Cuenta con experiencia en el estudio de la interferencia de la industria, la actividad política corporativa y los determinantes comerciales de la salud.

Eric Crosbie es un politólogo que examina los determinantes comerciales de la salud y las políticas de salud pública. Su investigación se centra en las enfermedades no transmisibles (ENT) y examina cómo las industrias del tabaco, alimentos y bebidas, alcohol, productos farmacéuticos y combustibles fósiles son un impulsor clave de la epidemia de ENT y cómo influyen en las regulaciones de salud pública.

Mélissa Mialon es profesora titular de Inserm en la Escuela Francesa de Salud Pública (EHESP) en Francia. También es investigadora visitante en Trinity Business School en Irlanda. Es ingeniera (Ciencia y Tecnología de Alimentos) con Doctorado en Nutrición de Salud Pública. Su investigación se centra en los determinantes comerciales de la salud, en particular la influencia de las industrias de alimentos, alimentos para bebés, alcohol y otras industrias en las políticas, investigaciones y prácticas de salud pública.

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Documento Asociaciones público-privadas en México: Implicaciones para la gobernanza en salud pública de nutrición (resumen) > descargar (PDF, 1 Mb)

Presentación Ángela Carriedo > descargar (PDF, 3 Mb)

Presentación Christian Torres > descargar (PDF, 2 Mb)

Boletín de prensa > descargar (PDF, 110 Kb)

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